Velan casi 300 mexicanos por el maíz para exigir al gobierno federal su protección; denuncian la irresponsabilidad del gobierno que ha permitido la contaminación transgénica de la cuna del maíz.
Con 35 mil kilos de maíces nativos blancos y amarillos y 250 metros cuadrados de manta, cientos de personas de la sociedad civil y de organizaciones campesinas y ambientalistas elaboraron un mapa de México de 4,500 metros cuadrados para exigir al gobierno federal la protección de esta gran riqueza biológica y cultural frente a la contaminación transgénica.
El mapa fue formado en una cuarta parte de la plancha del Zócalo capitalino, y a su lado lanzaron los mensajes “Sin maíz no hay país” y “No a los transgénicos”. Su elaboración arrancó a las 19:30 horas y se prolongó hasta las 9 de la mañana de este día.
“Este mapa muestra claramente que todo México es tierra de maíz y lo elaboramos para enfatizar que haremos todo lo posible para proteger nuestro principal grano de la voracidad de las transnacionales agrobiotecnológicas y que le exigimos al licenciado Felipe Calderón que reconozca que TODO el territorio mexicano es centro de origen y diversidad del maíz y actué de inmediato para evitar que empresas como Monsanto sigan contaminando nuestro campo y poniendo en riesgo nuestra salud y soberanía alimentaria”, señalaron los miembros de las organizaciones agrupadas en Sin maíz no hay país.
En el marco de la reunión del Protocolo de Cartagena que se lleva a cabo en la Ciudad de México del 23 al 27 de febrero, las organizaciones convocaron a esta velada por el maíz, una ceremonia que recuerda las tradiciones de nuestros antepasados, quienes brindaron este extraordinario alimento al mundo. Con esta velada las organizaciones alertaron a los representantes de los países miembros del Protocolo de Cartagena reunidos en el Grupo de trabajo de Responsabilidad y Compensación de Daños sobre la peligrosa situación del maíz en su centro de origen.
“En Chihuahua ya se confirmó la contaminación transgénica de los campos de maíz tanto por parte de las comunidades campesinas como de prestigiados científicos mexicanos. Más aún, el propio gobierno mexicano lo ha reconocido. Esto, sin embargo, no ha sido suficiente para que las autoridades se decidan a proteger nuestro maíz”, declaró Miguel Colunga, de la organización Frente Democrático Campesino de Chihuahua.
“A pesar de esto, no se han tomado las medidas necesarias para determinar la fuente de la contaminación y mucho menos revertirla; es decir, el gobierno mexicano no ha asumido su responsabilidad. Por el contrario ha buscado legalizar lo ilegal y justificar el crimen que significa la contaminación del centro de origen del cereal más importante y codiciado hoy en el mundo”, ahondó Colunga.
“Solicitamos a los países miembros del Protocolo de Cartagena que analicen la trascendencia de proteger los centros de origen y de diversidad genética, sabemos que ante una crisis mundial de orden ambiental, plagas o los cambios extremos del clima, la biodiversidad y la protección de centros de origen son las herramientas para mantener la producción de alimentos para la humanidad. Los cultivos transgénicos no son una opción; al contrario, dejan en estado de vulnerabilidad y dependencia a las comunidades ante la posibilidad de contaminación transgénica de sus semillas y cultivos y a los consumidores del mundo frente a la pérdida de diversidad genética”, explicó Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace México.
México es parte del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. Sin embargo, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), publicada en 2005, no cumplió con la responsabilidad de proteger el carácter de centro de origen del maíz, a pesar de que el Protocolo así lo establece. Peor aún, la Ley pasó por alto el mandato del Protocolo para establecer medidas de bioseguridad respecto a los daños causados por transgénicos a la diversidad y los riesgos que éstos representan para la salud humana.
“El gobierno mexicano ha diluido notablemente los mecanismos de bioseguridad en la LBOGM y en el Reglamento de la misma; este último incluso violenta la Constitución al establecer disposiciones que permiten liberar transgénicos. El gobierno pretende eliminar el Régimen de Protección Especial del Maíz, ignorando con ello la opinión de más de 500 mil mexicanas y mexicanos que de diversas maneras han expresado su rechazo a los transgénicos. Asimismo no respeta los acuerdos emanados de sus órganos de consulta”, denunció Adelita San Vicente de la organización Semillas de Vida.
Mientras esto sucede, representantes del gobierno federal asistieron en los primeros días del año a Singapur, invitados por las grandes empresas productoras de transgénicos, a escuchar una propuesta manipuladora en la que las empresas se comprometerían a destinar recursos para compensar los daños a la diversidad biológica.
“En dicha propuesta, conocida como Compact, las empresas establecen tramposamente que serán ellas quienes determinen su grado de responsabilidad y la manera en que compensarán a los afectados. Esto es inaceptable, pues los daños al ambiente y a la biodiversidad no pueden quedar a discreción de las transnacionales. Los gobiernos son los encargados de la protección de los recursos naturales, de la soberanía alimentaria y de la sociedad. Por lo tanto, deben evitar, con base en el principio precautorio, cualquier riesgo planteado por una tecnología que traerá ganancias únicamente a las empresas y que plantea grandes riesgos al medio ambiente, a la salud humana y la producción local de alimentos”, agregó San Vicente.
“Es urgente que México como cuna del maíz se atenga al principio de precaución y establezca formalmente la prohibición a la siembra de maíz genéticamente modificado por ser centro de origen. Exigimos al gobierno mexicano que en esta reunión actúe como le corresponde, promoviendo activamente un régimen de responsabilidad y compensación obligatorio, que incluya medidas preventivas y de remediación frente a las afectaciones de los transgénicos al ambiente, la biodiversidad y la salud; un fondo de indemnización que incluya claramente los daños y perjuicios socioeconómicos provocados a las comunidades y que, bajo el principio de quien contamina paga, se finquen responsabilidades a las empresas dueñas de las patentes de los transgénicos”, demandó Lara.
Las organizaciones concluyeron exigiendo al gobierno federal que atienda las demandas de la sociedad y declare a todo el país como zona libre de transgénicos, como lo hizo ya el gobierno de la Ciudad de México. Necesitamos acciones decididas como éstas para lograr la protección de la gran riqueza con que cuenta nuestra país y evitar la apropiación de la misma por parte de las voraces empresas trasnacionales.
Fuente: Greenpeace
