La ausencia del tema del cambio climático en los tres debates entre Barack Obama y Mitt Romney es un síntoma de cómo el tema ha perdido peso de la agenda política de EE.UU. desde la crisis. Un triste vacío que el próximo presidente debe abordar
El Fondo Verde para el Clima, recientemente ubicado en Corea del Sur y acordado por los 191 países signatarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es el principal instrumento mundial para que los países pobres puedan realizar inversiones en energías renovables y adaptación al cambio climático (es decir, hacer que la economía sea más resistente al cambio climático que ya ha comenzado). El Fondo Verde para el Clima ha asumido una tarea de enormes proporciones: recaudar 100.000 millones de dólares al año para los países de bajos ingresos hasta 2020.
Los países ricos deben financiar a los países pobres por tres razones:
En primer lugar, se lo deben. Alrededor del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero hasta la fecha han venido de los países ricos, pero son los países pobres, especialmente en los trópicos, los que se tambalean por el peso del cambio climático provocado por el hombre.
En segundo lugar, el mundo ha aceptado que la acción sobre el cambio climático debe abordarse en el contexto general del desarrollo, lo que significa que los costes de la energía baja en carbono y las cargas de la adaptación al cambio climático no pueden obstaculizar el desarrollo de los países pobres.
En tercer lugar, el mundo ha aceptado una realidad pragmática: sin financiación gradual para el clima, los países pobres no se pueden permitirse una estrategia de desarrollo que combine la energía baja en carbono con el acceso universal a la electricidad. Se verán obligados a elegir los sistemas energéticos de menor coste, intensivos en carbono.
Sin embargo, los países ricos no han aceptado todavía una fórmula para cubrir sus prometidos 100.000 millones de dólares al año. Los que han participado en la trastienda de las negociaciones saben que EE.UU, más aún que el resto de países, se ha resistido a un mecanismo de financiación transparente y responsable. Era lo esperado. Actualmente, EE.UU. se resiste a casi todos losas peticiones para compartir las cargas financieras del desarrollo sostenible. Como ejemplo llamativo, el presupuesto oficial de EE.UU de ayuda al desarrollo, aunque grandes en términos absolutos, es el más bajo respecto al PIB de cualquier economía avanzada, sólo 0,18% del ingreso nacional.
Los principios básicos de la financiación del Fondo Verde para el Clima deben ser muy claros. Los contaminadores deben pagar por los daños que están causando, por lo que las contribuciones deben estar vinculadas a las emisiones de carbono. Esta sería una manera fácil de llegar a los 100.000 millones de dólares para cumplir con los principios: un tipo de prorrateo base de 5 dólares por tonelada de CO2 emitida por cada país. Los países con altos ingresos pagarían los 5 dólares completos por tonelada de sus emisiones. Los países con ingresos medio-altos pagarían la mitad del precio, es decir, 2,5 dólares por tonelada. Los de ingresos medio-bajos pagarían la mitad de esa cantidad, 1,25 dólares por tonelada. Los países de bajos ingresos no tendrían que pagar en el Marco de Cooperación Mundial, pero serían sus destinatarios. La clasificación del Banco Mundial se utiliza para clasificar los países por ingresos.
Las mayores ventajas de este enfoque del Marco de Cooperación son la justicia – ya que está basado en el principio de «quien contamina paga» ajustado a su capacidad de pago – la sencillez, la transparencia y la previsibilidad. No hay otras propuestas de financiación en la mesa que tengan estas propiedades, ni posibilidad de que las haya. EE.UU. se ha opuesto a esta formulación sencilla, porque tendría que rendir cuentas por la magnitud de sus emisiones y su capacidad de pago, y también por su responsabilidad histórica en llevar al planeta al estado actual de la inestabilidad climática.
Otra ventaja, claro, es que un gravamen mundial sobre el carbono presionaría a los países hacia una correcta intervención de política nacional: el establecimiento de un coste social de las emisiones de carbono que se recoge a través de un impuesto sobre el carbono o la venta de permisos de emisión de carbono. Curiosamente, EE.UU, a través de sus agencias reguladoras, ha establecido un coste social del carbono de 21 dólares por tonelada de CO2 con el fin de analizar el coste-beneficio, pero el gobierno aún no ha dado el siguiente paso: introducir ese coste social del carbono en las transacciones de mercado a través de impuestos o permisos correctivos. El cambio a un impuesto global del carbono para el Marco de Cooperación podría empujar a EE.UU y a otros gobiernos a hacer precisamente eso, promoviendo así la transición del mercado hacia la energía baja en carbono.
Fuente: Sustain Labour
