Con la publicación el pasado viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, las secretarías de Estado están obligadas a iniciar acciones para mejorar las condiciones de vida de este sector de la población.
El ordenamiento, que prevé beneficiar al menos al 5.1 por ciento de la población del País que padece alguna discapacidad, indica que será considerada una conducta discriminatoria la negativa de otorgar un seguro de salud o de vida fundada en la única razón de que una persona tenga una discapacidad.
Ahora, las autoridades competentes deberán verificar el cumplimiento de esta obligación en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
El ordenamiento crea la conformación de un Certificado de Reconocimiento y Calificación de Discapacidad con validez nacional que será emitido por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.
Además, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social promoverá y vigilará el cumplimiento de los derechos laborales de las personas con discapacidad, y desarrollará investigaciones, respecto de las necesidades de empleo para elaborar un programa nacional de trabajo para esta población.
La SEP se encargará de que los discapacitados tengan el derecho de estudiar en la misma escuela y aula que el resto de los estudiantes, y podrá celebrar convenios con autoridades locales para fortalecer la inclusión educativa.
Fuente: Reforma
