EUROPA
Para su entrada en vigor, el acuerdo necesita ser ratificado por al menos seis de las partes que lo han negociado, y de momento solo Japón lo ha hecho
El acuerdo internacional contra la piratería en la Red ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement o Acuerdo Comercial Anti-Falsificación) ha sido tumbado de forma definitiva por la Comisión Europea, tras el rechazo del Parlamento Europeo en julio de este año. ACTA, que debe ser ratificado por al menos seis de las partes que lo han negociado, no volverá a ser estudiado por Europa.
La Comisión Europea remitió a finales de mayo el ACTA ante tribunal europeo con sede en Luxemburgo con el objetivo de que se pronunciara sobre si el acuerdo internacional respeta los derechos fundamentales, en un intento por calmar las dudas y críticas que levantó entre los Internautas europeos. Las comisiones de Libertades Civiles, de Industria, Asuntos Legales y Desarrollo del Parlamento Europeo ya habían rechazado con anterioridad el tratado internacional contra la piratería ACTA y reclamaron a la comisión de Comercio Internacional, la competente para pronunciarse sobre el mismo, que también lo rechazara.
De esta forma, la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo rechazó en junio ACTA en un informe, aprobado por 19 votos a favor, doce en contra y ninguna abstención, el acuerdo internacional contra la piratería en la red y recomendó al pleno de la Eurocámara tumbase el acuerdo definitivamente, que es lo que ha ocurrido ahora. Pocos días después, en julio, el pleno del Parlamento Europeo tumbó con una amplia mayoría el acuerdo internacional contra la falsificación y la piratería por sus dudas respecto a la efectividad del Tratado y al respeto de los derechos de los usuarios de Internet.
El voto se produjo después de que hasta cuatro comisiones europarlamentarias recomendaran rechazar el acuerdo y de que la Comisión Europea recurriera al Tribunal de Justicia de la UE (TUE) en busca de su aval, frente a la presión social por las críticas de usuarios de Internet y las 2,5 millones de firmas que llevaron una queja ante el Parlamento Europeo.
Tras este varapalo hace cinco meses, el comisario de Comercio, Karel De Gucht, dijo que seguirían adelante con la consulta al TUE para aclarar la compatibilidad de ACTA con los Tratados europeos, en especial con la Carta europea de Derechos Fundamentales. De Gucht retomó entonces los contactos con los socios internacionales, los gobiernos europeos y la Eurocámara para ver el modo de avanzar «en la protección intelectual a nivel internacional y dentro del Derecho internacional». «Con el rechazo a ACTA, no desaparece la necesidad de proteger la columna vertebral de la economía de Europa a escala global: nuestra innovación, nuestra creatividad, nuestras ideas, nuestra propiedad intelectual», dijo el comisario en julio.
Sin embargo, finalmente la Comisión Europea ha rechazado el acuerdo. David Martín, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, ha celebrado la decisión de la Comisión. «La Unión Europea no puede ser parte de un acuerdo sin la ratificación del Parlamento Europeo», ha indicado en declaraciones a ZDNet. «Me agrada que la Comisión se haya dado cuenta de que este es el final del camino para ACTA en la Unión Europea gracias al Parlamento», ha zanjado.
Para su entrada en vigor, el acuerdo ACTA necesita ser ratificado por al menos seis de las partes que lo han negociado, entre ellos Estados Unidos, Australia, México, Marruecos y Japón. De momento solo el país del sol naciente ha asegurado su participación y los Estados Unidos, uno de los principales impulsores junto con Japón, aún no ha dado el paso.
MÉXICO
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) buscará romper el círculo vicioso que inicia con el consumo de productos pirata y que provoca la pérdida de empleos e impide el crecimiento económico del País, afirmó su nuevo director, Miguel Ángel Margáin.
En entrevista, el abogado y ahora ex socio del despacho especializado en propiedad intelectual Arochi, Marroquín & Lindner, detalló que promoverá la difusión de campañas de concientización para hacer ver a la población el daño que causa consumir productos pirata.
«Según las encuestas, la población sabe perfectamente que está comprando piratería, y ahí nos vamos a apoyar mucho de los titulares de los derechos de propiedad intelectual para decirles: ‘por favor, vamos a hacer campaña, vamos a concientizar’.
«No se puede seguir con una cuestión de ilegalidad, y además, la ilegalidad de la piratería es una ilegalidad aceptada; hay que romper con el círculo vicioso y hacerle ver a los consumidores que tarde o temprano les va a afectar porque se pierden fuentes de empleo, no hay crecimiento económico, ni inversión», dijo.
Margáin tiene un as bajo la manga: como abogado defensor de marcas famosas, como Nike y Levis, ha acudido a todas las reuniones del Comité Interinstitucional que preside la Procuraduría General de la República (PGR), por lo que conoce muy bien lo que está pasando en torno al tema de la piratería en el País.
Al tomar posesión al frente del IMPI, dijo que uno de los retos iniciales es también lograr la ratificación del Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA), el cual, recordó, no ha avanzado, y esperará a reunirse con el Senado para intentarlo una vez más.
Otro es seguir impulsando el registro de la marca en línea y alistar al IMPI para empezar a recibir las solicitudes de Protocolo de Madrid, tratado al que México ya fue adherido.
A este respecto, dijo que aunque no es necesario tener en México un sistema de oposición para empezar a operar el Protocolo, se están analizando los que existen en el mundo para implementar uno en el País.
Otro de sus objetivos como director general del IMPI es crear un vínculo con la academia, la empresa y el Conacyt, para que el fruto de las investigaciones científicas y tecnológicas estén protegidas para generar ese progreso y crecimiento económico.
En su paso por la iniciativa privada, Margáin ha sido miembro la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI), así como vicepresidente y vocero del Comité de Derechos de Propiedad Intelectual de la Cámara Americana de Comercio (AmCham, por sus siglas en inglés), entre otros cargos.
Fuentes: La Vanguardia, Reforma
