Critica especialmente la violación a los derechos humanos y el acoso a la libertad de expresión
HRW recordó que el principal aliado de Venezuela durante su mandato fue Cuba, único país de América Latina «donde se reprimen sistemáticamente casi todas las formas de disenso», y dijo que Chávez se refirió a Fidel Castro como «su modelo y mentor».
La organización Human Rights Watch (HRW) criticó hoy el legado «autoritario» que deja Hugo Chávez en Venezuela tras su muerte y lamentó la «abierta indiferencia» del presidente por los derechos humanos fundamentales.
«La presidencia de Hugo Chávez (1999-2013) estuvo marcada por una alarmante concentración de poder e indiferencia absoluta por las garantías básicas de derechos humanos», afirmó la organización en un comunicado de prensa tras la muerte del mandatario venezolano, indicó Efe.
HRW criticó a Hugo Chávez y a sus partidarios por «desplegar una estrategia de concentración de poder» después de sancionar en 1999 una nueva Constitución y de superar un «breve golpe de Estado» en el año 2002.
«Tomaron el control del Tribunal Supremo y debilitaron la capacidad de periodistas, defensores de derechos humanos y otros venezolanos de ejercer sus derechos fundamentales», dijo la organización.
HRW recordó que el principal aliado de Venezuela durante su mandato fue Cuba, único país de América Latina «donde se reprimen sistemáticamente casi todas las formas de disenso», y dijo que Chávez se refirió a Fidel Castro como «su modelo y mentor».
Además, criticó que respaldara públicamente al presidente sirio, Bachar Al Asad, al líder libio, Muamar Gadafi, y al iraní Mahmoud Ahmadinejad, a quienes distinguió con la Orden del Libertador, «la máxima condecoración oficial otorgada por Venezuela».
Criticó de manera especial que Chávez votara consistentemente en contra de las resoluciones de la Asamblea General de la ONU que condenaban las «prácticas abusivas» de países como Corea del Norte, Myanmar, Irán y Siria.
HRW indicó que durante segunda presidencia el Gobierno de Chávez se dedicó a «intimidar, censurar y perseguir judicialmente» a los venezolanos que criticaban al presidente o que se oponían a su agenda política.
En concreto, mencionó el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, detenida y en prisión preventiva durante más de un año tras dejar en libertad condicional a un conocido crítico del gobierno, y recordó que la magistrada sigue hoy «bajo arresto domiciliario.
Asimismo, denunció que se incrementó «radicalmente» el control de los contenidos de los medios de radio, televisión y prensa, y sancionó leyes que ampliaron y endurecieron las penas previstas para quienes «ofendiera» a funcionarios públicos.
El Gobierno de Chávez, según la organización, intentó justificar sus políticas en materia de medios de comunicación, calificándolas como medidas necesarias para «democratizar» los canales de señal abierta del país.
«Sin embargo, en vez de fomentar el pluralismo, el Gobierno abusó de su potestad regulatoria para intimidar y censurar a sus críticos. Amplió de uno a seis los canales administrados por el gobierno», añadió HRW.
La organización se refirió de modo especial a la conflictiva relación de Chávez con RCTV, el canal de televisión más antiguo del país, al que en 2007 no renovó su licencia y confiscó sus antenas de transmisión «en un acto de discriminación política flagrante».
HRW también criticó que «repudiara» al sistema interamericano de protección de DDHH, eludiera cumplir sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e impidiera visitar al país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En este sentido, recordó que el Gobierno de Chávez intentó además impedir que organizaciones internacionales efectuaran un examen de las prácticas de derechos humanos en el país, incluida la propia Human Rights Watch en 2008.
Durante el mandato de Chávez, según dijo HRW, las autoridades venezolanas también procuraron desacreditar a defensores de derechos humanos acusándolos de recibir apoyo del gobierno estadounidense para desestabilizar la democracia venezolana.
«Si bien algunas organizaciones locales han recibido fondos de fuentes estadounidenses y europeas, no existen pruebas creíbles de que la independencia e integridad de su trabajo se hayan visto comprometidas por la ayuda internacional», añadió.
Fuente: El Universal
