Por Leopoldo Lara
“La política del odio nos indunda”.
Así lo manifiesta José Ignacio Torreblanca en su más reciente artículo en el diario español El País.
Sustenta esta afirmación en la reciente crisis administrativa de los Estados Unidos en donde la denominada “parálisis del gobierno” que afecta a más de ochocientas mil personas que trabajan para la administración pública y sin duda las finanzas de ese país y de todos los que mantienen acuerdos comerciales con él, se fundamenta en el “odio del Tea Party (Partido Republicano) hacia todo lo que representa Obama”.
Y esa afirmación, la comparto.
Y más allá. En Rusia, en Reino Unido, en Grecia y en general en toda Europa, la política de la irracionalidad que toma como banderas el fanatismo religioso, las diferencias étnicas o raciales, las perspectivas culturales e incluso la diferencia de género y de preferencias sexuales, ha cobrado vigor de manera alarmante no sólo ya en los discursos de partidos extremistas, sino cada vez más en la vida cotidiana de la comunidad.
No hay duda que la crisis económica europea ha alterado el discurso y la serenidad, repartiendo culpas a todo lo que está en el exterior y recrudeciendo las diferencias, hasta posicionarlas en una atractiva oferta electoral.
Y parece que en las Américas las cosas no marchan por caminos distintos.
En los Estados Unidos no ha sido necesario que la crisis económica llegue para profundizar las diferencias. La tensión entre el clásico “puritanismo” norteamericano basado en un ejercicio a ultranza de valores religiosos en contra del modelo democrático liberal que los hizo sentirse orgullosos durante al menos el siglo 20 y que se fundamenta en las libertades individuales, hoy está presionando un “estilo de vida”.
Para Obama, es necesario que el servicio de salud se preste a todos cuenten o no con seguro médico; para los republicanos eso significa un exceso en el gasto público. Hasta ahí sería una discusión sensata, pero las manifestaciones del Partido Republicano, cargadas de historias de odio como aquella de Pat Buchannan cuando sostuvo que “América está inmersa en un guerra religiosa por su alma”, justamente en una en la que los homosexuales, feministas, abortistas, ateos e izquierdistas son los enemigos, hacen que las discusiones se conviertan en posturas irreconciliables y que ahora el país más poderoso del planeta enfrente la posibilidad de una crisis mucho más grande que la que podría generar la aplicación del seguro médico y según la presidenta del Fondo Monetario Internacional de consecuencias más catastróficas que la crisis inmobiliaria de 2008.
Mientras eso ocurre, en Holanda y en el propio Reino Unido, se generan propuestas radicales desde los partidos y sus gobernantes tendientes a modificar el clásico “Estado Bienestar Europeo” por uno de “Sociedad Participativa” que permita encontrar nuevos mecanismos que garanticen la subsistencia comunitaria desde una tercera vía: la organización ciudadana. No privatizando servicios públicos, no subsidiándolos. La propuesta nace, según el discurso pronunciado apenas la semana pasada por el rey Guillermo Alejandro en el parlamento holandés, derivado de que “la gente quiere decidir por sí misma, organizar su vida y cuidar unos de otros”. Además, por supuesto, de la tremenda crisis financiera que este país ya enfrenta, al igual que toda Europa, por el subsidio desmesurado en las áreas de seguridad social y de pensiones, entre otros motivos.
La posibilidad de éxito de esta propuesta no es remota, sobre todo si se considera que Holanda, según un estudio de la Universidad de Johns Hopkins, es el país en donde más personas participan profesionalmente en organizaciones de la sociedad civil, catorce de cada cien.
En México, vamos para atrás. Las manifestaciones públicas violentas de los últimos días nos sitúan en el escenario mundial.
La propuesta fiscal enviada al Congreso por el Ejecutivo va cargada de elementos que nos ponen a contracorriente de posturas que buscan la conciliación. No aprendimos de las consecuencias negativas del “Estado Bienestar” como el déficit fiscal incontrolable, tampoco de las propuestas que incluyen a la sociedad civil que ahora se convierten en una posibilidad de salir adelante.
No, todo lo contrario, propone el Ejecutivo elevar el déficit y a la vez se obstaculiza el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil con una ley del impuesto sobre la renta ofensiva para este ejercicio, que impedirá que más personas se involucren desde la ciudadanía en acciones públicas y que salgamos del vergonzoso último lugar en el estudio de Jonhs Hopkins con apenas .4 personas por cada cien que participan en organizaciones sociales.
Parece que en lo único en lo que estamos en la misma línea, es en la incapacidad de debatir con altura y resultados, alimentando el odio a los demás como un ingrediente natural y políticamente vendible.
José Leopoldo Lara Puente
Candidato a Doctor por la Universidad Complutense de Madrid, España, Leopoldo Lara Puente es un Notario Público tamaulipeco que se ha distinguido por ser promotor del capital social y del ejercicio de los ciudadanos en las acciones públicas. Fundador de diversas organizaciones de la sociedad civil y empresariales, actualmente es editorialista de un periódico de su localidad, desde donde nos comparte sus propuestas y experiencia ciudadana.
