Por Leopoldo Lara
La discusión de la reforma fiscal en México está generando una gran controversia en el país.
No sólo eso. También traerá consigo grandes consecuencias.
Una de ellas: un golpe para la competitividad de la frontera. Para la generación de más empleos e inversiones, como los que brindan las maquiladoras, las agencias aduanales y los transportistas de carga, sectores a los que atraviesa en dos la reforma fiscal al someterlos a un régimen general de impuesto sobre la renta como a la industria nacional en el caso de las maquiladoras y el transporte; y al brindar la oportunidad de que “otros” lleven a cabo el despacho aduanero y suprimir (incluso retroactivamente) la figura del “agente aduanal sustituto” en el caso de los agentes aduanales.
Otra de ellas: para la economía nacional, que después de tres sexenios retoma de nuevo la fórmula keynesiana del déficit presupuestal para impulsar el gasto social, que como dice Leo Zuckermann parafraseando a Aguilar Camín: “aprobar un mayor déficit (a través de endeudamiento) es como darle una primera copita a un alcohólico que lleva tres lustros sin beber alcohol”.
Con los cuatro puntos del PIB que el gobierno de la república piensa utilizar como gasto social deficitario, más los ingresos que la reforma fiscal le generará producto de más impuestos, dice el presidente Peña que tendremos seguridad social universal, seguro de desempleo y mayor inversión en educación e infraestructura. Es decir, un gobierno que gastará más para “reactivar la economía” mexicana, tan endeble en estos tiempos de contracciones de las principales economías del mundo.
Quizá el presidente Peña no haya considerado cuáles fueron las principales causas de la enfermedad de esas economías, otrora poderosas.
Si leyera (no es sarcasmo) lo que pasa en Holanda, en donde el rey Guillermo Alejandro propuso hace unas semanas al parlamento la disminución del gasto del Estado, de hecho la transición del clásico “Estado Bienestar” por uno de “Sociedad Participativa” que permita encontrar nuevos mecanismos que garanticen la subsistencia comunitaria desde una tercera vía: la organización ciudadana. No privatizando servicios públicos, no subsidiándolos; partiendo de la base -dijo el rey- de que “la gente quiere decidir por sí misma, organizar su vida y cuidar unos de otros”. Además -seguro también pasó por su mente- para detener la tremenda crisis financiera que ese país ya enfrenta, al igual que toda Europa, por el subsidio desmesurado en las áreas de seguridad social y de pensiones, entre otros motivos. Justamente los temas en los que acá, Peña Nieto, quiere incursionar.
Pero además, Peña lo quería hacer solito, nomás el gobierno, porque con la reforma fiscal que él propuso, particularmente a la ley del impuesto sobre la renta, aunque contemplaba algunos avances para que más organizaciones de la sociedad civil obtengan estatus de donataria autorizada, también limitaba los ingresos que éstas pueden obtener, por ejemplo al incorporar las donaciones que se hacen a las organizaciones dentro del cálculo del límite de deducciones que pueden hacer los particulares en sus declaraciones de impuestos.
La presión de las organizaciones de la sociedad civil sobre los diputados cobró frutos y la propuesta del presidente se modificó evitando ese despropósito, esperemos que así siga en la Cámara de Senadores y esta reforma se vaya en ese sentido.
La tarea de las organizaciones de la sociedad civil para incidir en la decisión de los legisladores no ha sido sencilla. En México muy poca gente participa en las organizaciones. Sólo el 0.4% de las personas lo hace. En Perú lo hacen seis veces más, tan sólo por poner un ejemplo.
Sin embargo, su poder de persuasión hacia los representantes populares, fundado en la razón, ha sido relevante. Se han generado colectivos importantes para avanzar sustancialmente, en los últimos diez años, en reformas que fortalecen a los ciudadanos organizados que deciden hacer cosas por la comunidad. La idea es que este sector crezca y se convierta en una vía posible de ejercicio de gobierno, como ahora la proponen en Holanda y en otros países desarrollados.
Si no preparamos esas herramientas, no podremos enfrentar las tormentas que se avecinan, en caso de que la apuesta del presidente por aumentar el déficit nos empuje hacia el desfiladero por el que ahora han caído todos los países europeos, en lugar de resultar una solución de largo plazo para nuestra economía.
Si hubiera una organización similar entre los ciudadanos que se enfrentan al IVA en la frontera, en las exportaciones temporales o a la reforma aduanera, seguro los diputados y senadores y sin duda también el presidente de la república actuarían con mayor conciencia y menor apego a sus líneas partidistas.
El siguiente paso debe ser la organización profunda. Sin ella, como dice la teoría foquista del Che Guevara “las ideas, después del primer impulso, van perdiendo eficacia”.
José Leopoldo Lara Puente
Candidato a Doctor por la Universidad Complutense de Madrid, España, Leopoldo Lara Puente es un Notario Público tamaulipeco que se ha distinguido por ser promotor del capital social y del ejercicio de los ciudadanos en las acciones públicas. Fundador de diversas organizaciones de la sociedad civil y empresariales, actualmente es editorialista de un periódico de su localidad, desde donde nos comparte sus propuestas y experiencia ciudadana.
