Accionistas del Grupo Financiero Banorte buscan la renuncia del presidente de su Consejo de Administración, Guillermo Ortiz Martínez, al considerar que pretendió atribuciones extras a las permitidas por la ley.
En abril pasado, Ortiz presentó el proyecto «Fortalecimiento del Gobierno Corporativo», del que Grupo REFORMA tiene copia.
El documento desató la molestia de los principales accionistas, entre ellos, fondos internacionales y los herederos del fallecido empresario Roberto González Barrera, de acuerdo con las fuentes consultadas.
En su primer párrafo, expuso que el Consejo de Administración de Banorte dedicaba un tiempo limitado a la vigilancia de la implementación de estrategias, así como al seguimiento de temas relevantes.
Para remediar el problema, propuso la creación de un Comité Ejecutivo Estratégico, que se dedicaría a dar seguimiento a temas en materia administrativa, operacional y jurídica, así como a las recomendaciones de los comités de Auditoría, Prácticas Societarias, Riesgos y Recursos Humanos.
Con su propuesta, el presidente del Consejo, o sea Ortiz, tendría la facultad para «presidir el Comité Ejecutivo Estratégico», el cual «sesionaría a solicitud del Presidente del Consejo».
Además, tendría la facultad de «someter a la aprobación del Consejo de Administración, el nombramiento y la destitución del Director General».
Este último cargo es ocupado desde abril de 2008 por su ex vocero en la SHCP, Alejandro Valenzuela.
Con el apoyo de Patricia Armendáriz y Héctor Reyes-Retana, miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de GFB, Ortiz presentó en reunión de Consejo su propuesta, el 24 de abril pasado.
Luego, el 30 de mayo, el polémico documento llegó hasta la Unidad de Banca y Valores de Hacienda, a petición del propio Consejo.
La respuesta de la dependencia a cargo de Luis Videgaray fue tajante.
«Resulta en extremo preocupante que se señale que el Consejo de Administración dedica un tiempo limitado al cumplimiento de sus funciones», reza el documento emitido el 20 de junio de 2014.
«Es claramente contrario a la ley que un solo consejero asuma la vigilancia de las estrategias, políticas y lineamientos de Banorte», agregó.
La eventual salida de Ortiz ha generado tal preocupación que, según las fuentes consultadas, el propio Valenzuela, acompañado por Rafael Arana, director de Administración y Finanzas, hará esta semana una gira por Europa para informar a inversionistas institucionales sobre esta situación. Al mismo tiempo, saltan nombres para sustituirlo.
Entre muchos se mencionan al presidente de Gruma, Juan González Moreno, y a Carlos Hank González, hijo y nieto respectivamente del fallecido ex presidente de Banorte, Roberto González Barrera.
Hank González dirige otro grupo, Interacciones, y es hijo de Carlos Hank Rhon y de Graciela González Moreno, también heredera de González Barrera.
Ignoraban sueldo de su presidente
Para aderezar el conflicto en la cúpula de Banorte, algunos accionistas han acusado que Ortiz ha ocultado el tamaño de sus honorarios.
Aunque suene extraño, las fuentes aseguraron que nadie en el grupo sabía cuánto ganaba, más allá de los dos centenarios que se le autorizaban pagar por cada junta de Consejo.
Pero existe un contrato autorizado por Luis Gerardo Valdés Manzano, apoderado del grupo, donde se consigna que Ortiz gana mensualmente 1.7 millones de pesos.
Con ese monto, desde febrero de 2011, cuando tomó el cargo, y hasta agosto de este año, habría recibido 73.1 millones de pesos.
Además, puede recibir un ingreso hasta por 30 meses de honorarios (otros 51 millones de pesos) en caso de que coadyuve a la creación de nuevos negocios que reporten utilidades extraordinarias, señala la cláusula quinta del convenio, cuya copia tiene Grupo REFORMA.
Asimismo, a la firma del contrato, Ortiz recibió un paquete de 250 mil acciones.
El contrato-convenio es por 5 años.
Fuente: Reforma
