El gobierno del Reino Unido ha propuesto algunas enmiendas preocupantes a su ya draconiano proyecto de ley de policía. Las enmiendas irán dirigidas directamente a los activistas medioambientales y son una respuesta a las protestas de acción directa de grupos como Extinction Rebellion y Insulate Britain, y a las protestas contra el ferrocarril de alta velocidad HS2.
De acuerdo con The Conversation, los cambios propuestos en la Ley de Policía, Delincuencia, Sentencias y Tribunales otorgarían a la policía poderes adicionales para restringir las protestas cuando se considere que «amenazan el orden público o impiden a la gente seguir con su vida cotidiana». La legislación propuesta representa una peligrosa amenaza para las libertades democráticas y civiles esenciales, como el derecho a la protesta.
Y lo hace especialmente en tiempos de aceleración de la degradación del clima y la biodiversidad, cuando, como el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) ha instado en repetidas ocasiones, lo que necesitamos es un cambio radical respecto a lo habitual.
Activismo climático ilegal
Las acciones directas no violentas, como los bloqueos de carreteras y la desobediencia civil, son un elemento clave de los movimientos sociales y medioambientales. Estas tácticas están diseñadas para ser disruptivas y poner de manifiesto la urgencia de un problema concreto y los fallos del statu quo.
Las estrategias más intervencionistas, como los encierros —en los que los activistas se encierran en barandillas o edificios—, suelen desplegarse cuando una situación se considera especialmente urgente, y cuando el voto, los grupos de presión y otros modos tradicionales de participación política se consideran insuficientes.
Los activistas podrían argumentar que esto se aplica al cambio climático: después de décadas de negociaciones internacionales, y a pesar de los descensos radicales de la actividad socioeconómica inducidos por una pandemia global, el mundo sigue en camino de alcanzar los 2.4℃ de calentamiento en 2100.
El proyecto de ley de policía se presentó por primera vez en la Cámara común en marzo de 2021 a raíz de las protestas de Black Lives Matter. Pretendía añadir el «ruido» a la lista de delitos intervenibles en virtud de la Ley de Orden Público de 1986, que permite a la policía restringir una protesta si considera que corre el riesgo de provocar «graves desórdenes públicos».
Esto concede discrecionalidad y poderes alarmantes a los agentes de policía: si creen que alguien cercano puede estar «angustiado» por una protesta, tienen motivos para intervenir.
Las nuevas enmiendas, introducidas en el último momento mientras el proyecto de ley pasa por la Cámara de los Lores, fueron encabezadas por la ministra del Interior, Priti Patel. Son consecuencia de los trastornos causados por los activistas de Insulate Britain, que bloquearon las principales autopistas en el período previo a la cumbre del clima COP26.
Las secciones 319C – 319F son especialmente preocupantes. Permiten a los agentes de policía detener y registrar a cualquier persona sospechosa de causar «molestias públicas» o «graves trastornos a dos o más personas o a una organización».
Las personas que se nieguen a obedecer, o que lleven a cabo tácticas como los encierros y la «obstrucción intencionada de las carreteras», podrían enfrentarse a penas de prisión de hasta 51 semanas.
El «Green Scare»
Este proyecto de ley draconiano tiene paralelos históricos y contemporáneos. Por ejemplo, en la época del «Green Scare» en los Estados Unidos de 2000, que siguió a los ataques incendiarios contra una estación de esquí en Colorado por parte del grupo Earth Liberation Front (ELF), los activistas medioambientales fueron criminalizados y etiquetados como la principal amenaza terrorista nacional.
La definición legal de terrorismo se amplió incluso para incluir cualquier acto que dañara o amenazara con dañar «cualquier edificio, vehículo u otra propiedad real o personal utilizada en el comercio interestatal o extranjero o en cualquier actividad que afectara a dichos comercios».
Los implicados se enfrentaban a hasta diez años de prisión. En palabras del teórico político Steve Vanderheiden, el gobierno estadounidense perseguía a estos grupos con tanto celo porque suponían una amenaza viable, no para las vidas, sino para «la idea de los beneficios y el comercio a cualquier precio».
A principios de este año, más de 400 expertos firmaron una carta abierta en la que advertían de la creciente criminalización gubernamental de los protectores del medio ambiente en todo el mundo.
Algunos ejemplos son la nueva legislación antiterrorista de Filipinas, que ha dado lugar a violentas acciones policiales contra los manifestantes por el clima; las cuantiosas multas impuestas en Italia a los activistas que se movilizan contra el oleoducto transadriático; y la nueva legislación de Queensland (Australia), que ataca el activismo medioambiental supuestamente en nombre del «orden público».
Los protectores del medio ambiente de toda América Latina corren continuamente el riesgo no solo de ser encarcelados, sino también de perder la vida, con 277 asesinados solo en 2020.
Protección, no persecución
Al tiempo que se compromete a lograr un nivel neto de emisiones cero para 2050, el gobierno del Reino Unido pretende obstaculizar aún más los esfuerzos de quienes arriesgan su vida para frenar los peores efectos del colapso climático y ecológico.
Si Patel y otros quisieran realmente «proteger al público», empezarían por eliminar inmediatamente los 40 nuevos proyectos fósiles que el Reino Unido tiene actualmente en marcha. Desviarían su energía hacia el freno de las actividades de las principales empresas fósiles que contribuyen a sabiendas a más de un tercio de las emisiones modernas de gases de efecto invernadero.
Los trastornos causados por los activistas que bloquean las carreteras son prácticamente inexistentes en comparación con la pérdida generalizada de vidas y medios de subsistencia que se producirá si no se toman medidas urgentes contra el cambio climático. Son tiempos desesperados. Nuestra única esperanza es interrumpir la actividad habitual y apoyar a quienes lo hacen.
