BlackRock, Vanguard y State Street han sido demandadas por un grupo de estados liderados por Texas, acusándolas de manipular los precios de la electricidad a través de sus inversiones en la industria energética. Según la demanda, las grandes gestoras de fondos habrían utilizado su poder de influencia en las empresas de carbón para reducir la producción y, como resultado, generar escasez de electricidad, lo que aumentó los precios que los consumidores deben pagar. Las acusaciones están centradas en que estas firmas, con sus políticas de inversión en línea con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, han usado su influencia de manera anticompetitiva, elevando los costos de la energía.
Si estas acusaciones se comprueban, podrían tener un impacto significativo en la regulación de los mercados financieros, cuestionando cómo las grandes gestoras de fondos ejercen su poder en sectores clave como el energético. Este caso podría marcar un precedente sobre el control que estas empresas tienen sobre los precios de los servicios básicos y el papel que desempeñan en la transición energética, especialmente si su influencia está siendo utilizada para manipular los precios de la electricidad y beneficiar a sus intereses.
¡Acusan a estas empresas por manipular los precios de la electricidad!
BlackRock, Vanguard y State Street han sido acusadas por utilizar su poder de voto y su membresía en grupos climáticos como Climate Action 100+ y Net Zero Asset Managers, para presionar a las empresas productoras de carbón para que recortaran su producción. Según Ken Paxton, fiscal general de Texas, esta reducción de la oferta ha generado una manipulación de los precios de la electricidad, ya que el mercado se ha visto afectado por una escasez artificial de energía. En el escrito de la demanda, los fiscales de diferentes estados, incluido Texas, afirman que “los mercados competitivos, y no los dictados de administradores de activos lejanos, deberían determinar el precio que los estadounidenses pagan por la electricidad”.
La respuesta de las firmas demandadas ha sido tajante: BlackRock calificó las acusaciones como «infundadas» y aseguró que la idea de que sus inversiones buscan dañar a las empresas es «absurda». Vanguard, por su parte, optó por no hacer comentarios, mientras que State Street no ha emitido una respuesta oficial. Estas gigantes de la inversión defienden que sus decisiones se basan en sus responsabilidades fiduciarias, y no en intereses políticos o agendas externas.
Los fiscales de los estados que participan en la demanda sostienen que BlackRock, Vanguard y State Street violaron la Ley Clayton de 1914, la cual prohíbe la compra de acciones con el objetivo de reducir la competencia en el mercado. La acusación central es que estas firmas utilizaron su poder en las empresas de carbón para presionar por una reducción de la producción, lo que generó una escasez de electricidad y, por ende, un aumento en los precios. Según los demandantes, esta manipulación de los precios de la electricidad afectó a los consumidores al incrementar significativamente sus facturas de energía.
¿Un intento por impulsar la agenda ambientalista o un caso de manipulación del sector del carbón?
Las acusaciones también se enmarcan dentro de un debate más amplio sobre el uso de la industria financiera para promover la agenda ambientalista. Según Paxton, las gestoras de fondos están utilizando su poder económico para manipular los precios de la electricidad con el fin de avanzar en una agenda política que afecta directamente a la producción energética en Estados Unidos. Paxton sostiene que el poder de estas empresas ha perjudicado a los productores de carbón, quienes se han visto presionados a reducir su producción, mientras que los consumidores enfrentan precios más altos.
Sin embargo, expertos como Lisa Sachs, directora de inversiones sostenibles en la Universidad de Columbia, opinan que estas acusaciones son un intento de la industria del carbón por desacreditar a las instituciones financieras que están tomando medidas para enfrentar los riesgos climáticos. Sachs considera que el sector del carbón, al estar perdiendo competitividad frente a energías más limpias y gas natural, está utilizando a los políticos para atacar a los fondos de inversión. En su opinión, esta estrategia no beneficiará al sector del carbón y, en última instancia, podría perjudicar a los consumidores a quienes dicen estar defendiendo.
No obstante, esta situación pone en evidencia la necesidad de que la transición energética se lleve a cabo de manera que no distorsione el mercado, ni perjudique a los consumidores, sino de forma justa, paulatina y equitativa.
Una polémica que perjudica los esfuerzos climáticos
Las acusaciones contra BlackRock, Vanguard y State Street por manipular los precios de la electricidad a través de sus estrategias de inversión en el sector energético han puesto en jaque no solo la reputación de estos gigantes financieros, sino que han sembrado dudas sobre la imparcialidad y la transparencia con las que estos actores están gestionando las inversiones «verdes». Si se confirma que estas grandes gestoras han utilizado su poder para beneficiar sus propios intereses a expensas de los consumidores, la credibilidad de las políticas climáticas promovidas por las empresas financieras se derrumbaría, haciendo que los inversionistas y ciudadanos cuestionen las verdaderas motivaciones detrás de estas iniciativas en detrimento del progreso hacia una economía sostenible.
Por otro lado, resulta imperativo que los esfuerzos climáticos se mantengan dentro de un marco de justicia económica, donde la transición energética sea inclusiva y no perjudique a los más vulnerables. A medida que el caso de estas demandas se desarrolla, será esencial que las grandes gestoras de fondos y los gobiernos encuentren un equilibrio entre los objetivos climáticos y la protección de los intereses económicos de los consumidores, asegurando que la transición hacia un futuro más verde sea también un camino justo para todos
