El Parlamento de la Unión Africana ha avalado la prohibición de la mutilación genital femenina en todo el continente, una práctica en retroceso pero que se sigue realizando en una treintena de países sobre todo en la banda del Sahel, desde Somalia hasta Senegal. Aunque el Parlamento Panafricano, con sede en Sudáfrica, sólo tiene carácter consultivo y asesor y no legislativo, esta decisión supone un espaldarazo a la creciente adopción de medidas por buena parte de los países afectados, que obedece tanto al trabajo y las presiones ejercidas por los organismos internacionales como a la lucha que desde hace décadas lideran asociaciones africanas de defensa de los derechos de la mujer y la infancia.
El acuerdo se produce tras intensas sesiones realizadas entre miembros del Grupo de Trabajo para la Mujer del citado Parlamento y representantes del Fondo para la Población de Naciones Unidas (UNFPA). En realidad, lo acordado es un plan de acción encaminado a erradicar la ablación, que sufren cada año unos tres millones de niñas en África y Oriente Próximo y que afecta en la actualidad a 125 millones de mujeres. A partir de ahora comienza la tarea de los 250 diputados firmantes de hacer llegar esta decisión a sus respectivos países e impulsar la puesta en marcha del plan de acción en coordinación con las autoridades nacionales.
En los últimos años, los avances sociales y legislativos en África occidental, una de las regiones afectadas, han sido imparables. Nigeria prohibió la ablación en todo su territorio en mayo de 2015, mientras que Gambia, hasta ahora refugio de esta práctica, hizo lo propio en noviembre pasado. Issatou Touray, histórica activista gambiana, asegura sin embargo que “sólo con el trabajo en las comunidades se podrá dar un cambio real, las leyes son necesarias pero no bastan”.
Cada país es un mundo. En Senegal está prohibida desde hace años, pero se sigue practicando de manera clandestina y por eso, la ONG Tostan sigue llevando a cabo su política de juramentos, en la que las mujeres y líderes comunitarios prometen públicamente el abandono de la ablación. En Guinea también está prohibida, pero la tasa de prevalencia está en torno al 90% porque cuenta con una enorme aceptación cultural. En Malí, sin embargo, es legal aunque existe un plan nacional desde 2010 para erradicarla. Virginie Moukoro, defensora de los derechos de la mujer y la infancia maliense, cree que aún queda mucho trabajo por delante, pero que en el plazo de una generación se podrá acabar con la ablación. “Un día será historia, como ocurrió con la práctica de atar los pies a las niñas en Japón”, asegura.
En África oriental el optimismo es más moderado. Países como Egipto, Sudán, Eritrea, Yibuti, Etiopía o Somalia tienen el triste honor de concentrar las tasas de prevalencia más elevadas, en este último país del 98%, la más alta del mundo. Allí se practica un tipo de ablación conocida como la circuncisión faraónica, que además de la extirpación del clítoris y labios mayores y menores conlleva el cosido de la vulva hasta dejar un pequeño orificio para permitir la salida de la orina. Las consecuencias son terribles y provoca cientos de muertes cada año. Somalia es un ejemplo de la ambigüedad legislativa en la que se mueven muchos países sahelianos, la Constitución establece la prohibición de la práctica pero ninguna ley ha sido aprobada para hacer efectiva esta decisión.
La mutilación genital femenina comprende un conjunto de prácticas que van desde la amputación total o parcial del clítoris hasta la extirpación de labios mayores y/o menores, con consecuencias trágicas para las niñas. Según la Organización Mundial de la Salud, además del riesgo de muerte y enfermedades, el dolor, el trauma y las lesiones creadas por el procedimiento en sí mismo, muchas veces realizado en penosas condiciones higiénicas, las consecuencias a largo plazo incluyen las infecciones recurrentes, quistes, esterilidad y aumento de las complicaciones durante el parto, además, claro está, de la imposibilidad o dificultad de sentir placer durante el acto sexual. Además de un atentado para la salud de la mujer, supone una violación de sus derechos y una forma de discriminación que refleja la desigualdad entre los sexos.
Fuente: El País
