Mañana, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Habrá moños y luces naranja y se publicarán nuevas cifras acerca de la terrible violencia que afecta a miles de mujeres y niñas. Necesitamos mucho más. Urge una verdadera política pública para prevenir y castigar agresiones que dañan a todos: a mujeres y niñas en particular, a las familias y a la sociedad.
En el 2007 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ésta incluye un mecanismo innovador, la Alerta de Violencia de Género (AVG), que es un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y eliminar la violencia feminicida, cometida por individuos o por la comunidad, en un territorio determinado (municipio o estado, por ejemplo). El proceso para evaluarla, declararla e implementarla involucra a la sociedad civil, como peticionaria; a la academia, como participante en el grupo de trabajo que analiza el caso y emite recomendaciones; al gobierno estatal, que debe responder con información a la solicitud y luego cumplir con las recomendaciones en seis meses, o someterse a la declaración de AVG, y, a lo largo del proceso, a instancias federales de cuya voluntad política dependen en gran medida la transparencia y efectividad del mecanismo. En el papel, es una figura jurídica ejemplar que permitiría la colaboración de sociedad y gobierno en la solución del problema.
Sin embargo, hasta la fecha los frutos de tanto esfuerzo son escasos porque, básicamente, la AVG se ha politizado: aunque se ha pedido en 10 estados, sólo se ha declarado en dos y los resultados son decepcionantes. El principal obstáculo es, sin duda, la resistencia de las autoridades a reconocer que una de sus obligaciones primordiales es garantizar la vida y la seguridad de niñas y mujeres. Así, por ejemplo, tras años de negación, apenas en julio se dio curso a la petición del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio y se declaró la AVG para 11 municipios en el Estado de México. También se declaró, fragmentada, en Morelos, aún sin resultados. En cambio, se negó en Guanajuato, donde el colectivo Las Libres la presentó por tercera vez en el 2014.
Actualmente el proceso está en curso en Baja California, Colima, Guanajuato, Jalisco, Sonora, Veracruz y Michoacán. Este último estado es un buen ejemplo de la urgencia del problema. En el 2014, Humanas sin Violencia, peticionaria de la AVG, documentó 413 feminicidios entre el 2011 y el 2014, así como altas tasas de violaciones, estupro y abuso sexual que afectan a mujeres y niñas, a veces desde los seis años. A la violencia estructural, se añaden ahí los agravios del crimen organizado y los efectos de la militarización: desplazamiento forzado por conflicto armado, violaciones, desapariciones y trata… Pese a la emergencia, se espera todavía el informe del gobierno respecto del cumplimiento de las recomendaciones que recibió, y la decisión a nivel federal. ¿Qué pasa con niñas y mujeres mientras tanto?
Al documentar la gravedad del caso y evidenciar la ausencia de bancos de datos, las deficiencias y falta de capacitación del personal encargado de atender e investigar denuncias y casos de violencia de género, el desperdicio de recursos por falta de política pública bien diseñada y bien evaluada, las ONG estatales han hecho un valioso trabajo. Es hora de que los gobiernos hagan su parte. Se declare o no la AVG en sus estados, deben asumir su responsabilidad de hacer valer las leyes y de garantizar con medidas efectivas la vida y el bienestar de niñas y mujeres. Urge un banco de datos nacional, con base en los estatales, de feminicidios y desapariciones, como recomendó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del “Campo algodonero” del 2009. Urge un compromiso real de hacer justicia a las víctimas de todo tipo de delitos y de acabar con la impunidad. Y urge que se respete el importante papel que la sociedad civil hace en la solución del problema. Están en juego muchas vidas y nuestra misma convivencia.
Fuente: El Economista
