Por: Helena Ancos
Cuando uno se habitúa a la lectura y estudio de las Comunicaciones de la Comisión, se es consciente de la dificultad de bregar con los intereses de Estados y empresas – y eventualmente, otros grupos de interés-, y de llegar a soluciones de consenso que desembocan en el diseño de cronogramas más o menos velados, de acciones escalonadas, que no resulten traumáticas, y en un lenguaje diplomático, en ocasiones ambivalente, que sirve para decir ni sí ni no, sino todo lo contrario.
En la Nueva Comunicación de la Comisión sobre RSE tenemos todos estos ingredientes: un trasfondo de arrojo y de ruptura matizado con pátinas de continuismo.
En primer lugar, la Comunicación acierta con la definición. Como ha indicado Tomás Conde se trata de una definición elegante, mesurada, y lo que es más importante, con futuro. Habla de responsabilidad –con los efectos legales que ello implica- frente a sus efectos o impactos sobre la sociedad. Y habla de su integración en la gestión, en procesos, productos, y relaciones comerciales.
Distingue entre empresas grandes y pymes, reconociendo también a las empresas sociales y cooperativas y empresas familiares en lo que puede suponer en el futuro planteamientos de mercado que reconozcan la especificidad de este tipo de empresas.
Y viene a recoger todas las demás cuestiones abordadas en comunicaciones anteriores: reforzamiento de políticas de educación y formación, promoción de los partenariados, mejora de la transparencia en el plano social y medioambiental, difusión de buenas prácticas, apalancamiento de la RSE en el mercado a través de mayor información y sensibilización a consumidores, inversiones socialmente responsables y mercados públicos.
Se recalca la naturaleza multidimensional de la RSE, hasta ahora siempre reconocida, en tres cuestiones fundamentales:
– la necesidad especialmente para las grandes empresas, de asumir los principios internacionalmente reconocidos en materia de RSE
– La transversalidad de la RSE (igualdad de género, lucha contra la corrupción, DDHH, derechos laborales y empleo, integración de discapacitados, consumidores, etc.)
– La buena gobernanza en materia fiscal –transparencia, intercambio de información y competencia fiscal leal-.
Resulta también oportuno el papel otorgado a los poderes públicos, donde no se podrán aplicar políticas de tabla rasa dadas las particularidades de la RSE en países, sectores industriales y tipos de empresas. Se afirma que “deberán adoptar un papel que combine de forma inteligente medidas políticas facultativas y en caso contrario, disposiciones reglamentarias complementarias” para construir los mecanismos de mercado correspondientes.
Todas estas cuestiones nos parecen positivas y están en línea con lo que hemos venido defendiendo hasta ahora: la necesidad de una regulación mínima en materia de RSE, de su alineación con las principales directrices internacionales, un mayor compromiso de las Administraciones públicas, la apuesta por los partenariados y la cohesión social, vía negocios inclusivos vía marcos institucionales promotores de microfinanzas, o de integración de personas en riesgo de exclusión.
Ahora bien, tras la rotundidad de la definición, el resto de la Comunicación va estableciendo una hoja de ruta gradual, progresiva, haciendo más hincapié en unas cuestiones que en otras. Así, se comienza por cuestiones más tangenciales o menos intervencionistas para ir avanzando poco a poco. Ejemplos de lo primero lo constituyen el anuncio del tratamiento de las prácticas comerciales engañosas (Ecoblanchiment, o Green washing) en el marco de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, y la positiva apuesta por la mejora de la transparencia de la información social y medioambiental que se traducirá en una proposición legislativa sobre transparencia de informaciones sociales y medioambientales.
El lenguaje se torna más voluntarista en materia de inversión socialmente responsable: la Comisión ”tiene la intención de examinar la posibilidad de imponer” a los fondos de inversión y a las instituciones financieras la obligación de informar a sus clientes de los criterios que aplican en materia de inversión ética o responsable.
Y en un difícil equilibrio, cuando en el apartado de los mercados públicos hace referencia a que “el establecimiento de criterios sociales y medioambientales en el marco de los mercados públicos debe hacerse de manera que se evite imponer a empresas y adjudicadores nuevas restricciones administrativas y que supongan un atentado al principio de atribución del mercado a la oferta económicamente más ventajosa”.(sic)
Estas afirmaciones tienen su lógica cuando se sospecha que el plan de rescate europeo haya acudido a China y otros países emergentes a cambio de concesiones en materia de Derechos humanos, cambio climático y relaciones comerciales. O cuando en otro orden de cosas, sabemos que el índice Nasdaq hay tres veces más empresas tecnológicas chinas que europeas…Ese es el contexto en el que hay que encuadrar esta nueva Comunicación y el trasfondo para entender el dialogo institucional con otros países y regiones del que habla la Comunicación. Ya no tiene mucho sentido recrearse con el pasado y los antecendentes de la RSE, pero sí conviene tener en cuenta el azaroso camino para el avance de los DDHH en su exigencia a las grandes empresas y en las causas que llevaron a optar por una definición basada en la voluntariedad (*). La Historia siempre resulta edificante para construir el futuro.
Se echa también en falta, aunque planea sobre todo el documento y previsiblemente en su programa de trabajo se aborde con más detenimiento, una postura más decidida en materia de coherencia de políticas. En nuestra opinión, y como ya hemos manifestado en otro lugar, uno de los grandes ejes de la RSE en el futuro será la coherencia de políticas y el reconocimiento de que los grandes problemas de nuestra sociedad exceden las capacidades de los gobiernos e instituciones internacionales y necesitan del concierto de empresas y autoridades a todos los niveles de gobernanza: de ahí las menciones a la política industrial, los retos de la creación de empleo, la evolución demográfica y el envejecimiento activo de la población, el empleo de fondos estructurales europeos para hacer frente a la pobreza y exclusión social y la implicación de la RSE en la política de cooperación al desarrollo. De ahí y de la gestión local de la RSE es donde ésta puede encontrar sus auténticas oportunidades.
Hemos superado la retórica de los galgos o podencos pero para que Europa se posicione en el mapa de la RSE hacen falta apuestas más decididas, inteligentes, que impliquen un golpe de timón frente a la situación anterior y en el realismo del contexto de competencia internacional. De lo contrario, nos asentaremos en otra retórica distinta; la de las intenciones interminables, o el final de la fábula de Iriarte, pero donde los perros sean ahora otros mercados. Esperemos que en el Plan de Acción comunitario se concreten de forma positiva todas estas iniciativas.
(*)Para tener una perspectiva histórica sobre esta materia os invito a la lectura de (Ancos, H., Multinacionales y Derechos humanos: ¿la RSE desde una perspectiva de mercado?)
Helena Ancos Franco
Coordinadora del Programa de Trabajo de Responsabilidad Social Empresarial del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Representante en la UCM de la RedUNIRSE, red Iberoamericana de Responsabilidad Social Empresarial y Promotora en la Universidad Complutense de Madrid de la Red Interuniversitaria de Responsabilidad Social Empresarial. Ha sido Abogado y Profesora de Derecho Internacional Privado en la Universidad Europea de Madrid y en el Centro Universitario Francisco de Vitoria y en el Centro Universitario de Estudios Financieros de Madrid. Sus actuales líneas de investigación se centran en la búsqueda de modelos jurídicos y económicos que promuevan la rentabilidad de los negocios y el desarrollo social, así como mecanismos de colaboración público-privada para el desarrollo.
