El año pasado 14 ambientalistas fueron asesinados en México, y 164 en todo el mundo; más del 50% de los casos ocurrieron en América Latina: Colombia, Brasil, Guatemala y México, países considerados los más peligrosos para atreverse a levantar la voz y llevar a cabo acciones por el planeta.
Dar muerte a quienes se encargar de prevenir, afrontar y reducir los daños al medio ambiente es un hecho alarmante, debido a que las víctimas no eran si quiera expertos en el tema o activistas, sino personas comunes que al verse amenazadas por las grandes y nocivas industrias, simplemente intentaron defender sus hogares, bosques y ríos.
En muchos casos, cuando los ataques no culminaron en asesinatos, se sufrieron desde demandas judiciales, ataques físicos, arrestos, hasta amenazas de muerte.
¿Qué dice Global Witness al respecto?
Global Witness, -organización encargada de conflictos y la corrupción relacionados con los recursos naturales, derechos ambientales y humanos- informó que el sector minero fue el más afectado, tuvo como consecuencia el deceso de 43 defensores que manifestaron estar en contra de la extracción de minerales y los efectos nocivos que estos acarrean.
De acuerdo a este estudio, los proyectos ligados a la agroindustria dejaron 21 homicidios y los de explotación forestal 13.
No conforme con ello hubo un aumento de asesinatos de activistas, pasando de 4 víctimas en el 2017 a 17 el año pasado.
Para tomar acciones al respecto Global Witness ha decidido no sólo sacar a luz esta información, sino incluir en su reporte este abuso de leyes y políticas que están diseñadas para amenazar e intimidar tanto a los activistas como a las comunidades que representan, y por las cuales luchan.
Propósito de estos actos
Los posibles propósitos de estos actos son múltiples, uno de los principales es crear un efecto disuasorio y de represión de activismo que no resulta conveniente para grandes empresas ni gobierno:
“Esta táctica puede utilizarse para mancillar su reputación, interrumpir el financiamiento y acorralarlos en costosas batallas legales que les impiden realizar su trabajo. La represión de un individuo u organización también genera un poderoso efecto disuasorio en potenciales personas defensoras”
Nulas consecuencias o castigos
Generalmente estos actos no tienen consecuencias, aunque son numerosos. En muchas ocasiones no se documentan y por ende no existen castigos para los agresores. No conforme a ello los gobiernos y grandes compañías (con sus propios intereses) se apoyan en los sistemas judiciales al verse amenazados por los ambientalistas.
«Los gobiernos, las empresas y pandillas criminales ‘roban tierras y destruyen hábitats naturales para incrementar ganancias’ a medida que aumenta la demanda de productos como la madera, los minerales o el aceite de palma. Se informa en ecodiario.
Lo que tiene como consecuencia una batalla entre el sistema de gobierno y empresarial y ambientalistas se encuentran preocupados no únicamente por revertir el daño que se ha ocasionado hasta la fecha al ecosistema, sino por intentar salvar gran parte de él para las futuras generaciones, a quienes les espera una lucha aún más compleja que la actual, sin mencionar el riesgo que podría correr su vida en más de un sentido.
