Las generaciones futuras y presentes corren un gran peligro de heredar un planeta devastado por el cambio climático. Deforestación, pérdida de biodiversidad, sobrepesca, contaminación del aire y mala gestión de los desechos son algunos de los factores contribuyentes. Esta situación ha acrecentado la conciencia y activismo ambiental, pero también ha acentuado la falta de Responsabilidad Social (RS) de los gobiernos para su protección.
Particularmente en México se muestra un panorama más sombrío, un reporte del grupo Global Witness, el organismo de control internacional que rastrea las violencias vinculadas a proyectos extractivos, señaló que el año pasado 54 activistas ambientales mexicanos fueron asesinados. Los casos más recientes fueron los de Ricardo Arturo Lagunes Gasca, reconocido abogado de derechos humanos, y Antonio Díaz Valencia, líder de la comunidad indígena Aquila en el estado de Michoacán que se manifestaron contra una minera. Lo cual es muestra del riesgo al que están expuestas las personas que protegen el medio ambiente.
Ambientalistas mexicanos desaparecidos
Tristemente, aquellos que parecen interponerse en el camino de las ganancias corporativas al defender su medio ambiente local son quienes corren un riesgo potencial. Esto es singularmente cierto para los defensores ambientales indígenas, indicó Steve Trent, director ejecutivo de Environmental Justice Foundation: «Es extremadamente peligroso» ser un activista ambiental en 2021.
De acuerdo con él, esta situación podría intensificarse a medida que la lucha por los recursos aumenta bajo las crisis climática y de biodiversidad. Por ello, señala que se debe hacer más para proteger a estas personas. Y añade que, sin una responsabilidad real por parte de los gobiernos y sus instituciones, difícilmente la violencia cesará.
El caso de los dos ambientalistas mexicanos ilustra mejor este problema. Según testigos, los dos activistas fueron amenazados y perseguidos por varios hombres en autos y motos luego de que salieran de una reunión comunitaria contra la minera Ternium México y se dirigieran hacia el vecino estado de Colima. Lagunes, de 41 años, y Díaz, de 71, viajaban en una camioneta Honda blanca que luego fue encontrada abandonada al costado de una carretera acribillada a balazos, pero sin sangre.
«Los sicarios estaban esperando el momento adecuado. Al maestro [Díaz] y al abogado [Lagunes] los habían amenazado en el pasado y nos dijeron que éramos cinco en su lista. Los sicarios estaban ahí vigilando el domingo, los seguían en motos y en carros y se los llevaron».
Miguel Jiménez, comunero, cuyo nombre fue cambiado para protegerlo de represalias.
Falta de responsabilidad del gobierno en la protección a ambientalistas
En conferencia de prensa este jueves, la hermana del abogado desaparecido dijo: «Queremos resaltar la posible responsabilidad de la empresa minera Ternium en lograr que mi hermano Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz reaparezcan con vida.
Y añadió: «La empresa [minera] es uno de los actores más poderosos de la región, y sus operaciones no solo han afectado el medio ambiente, sino también el tejido social, generando conflictos y violencia. La empresa tiene relaciones con diferentes grupos locales y posiblemente con los autores de esta desaparición. Pedimos una investigación completa y que la empresa nos apoye para encontrar con vida a mi hermano y a Antonio».
«Creemos que la empresa podría estar involucrada, y por eso estamos pidiendo que la empresa se sincere; si no tienen nada que esconder, que lo digan».
María de Jesús Lagunes, tía del abogado desaparecido.
Por su parte, Ternium México ha negado su participación en la desaparición de los ambientalistas mexicanos, a partir de un comunicado: «Ternium expresa su solidaridad con las familias de los desaparecidos y con la comunidad de Aquila […] y espera un rápido esclarecimiento de los hechos. Ternium está en contra de cualquier tipo de violencia y rechaza categóricamente cualquier especulación y/o difamación que pretenda asociarla con cualquier tipo de actividad ilícita».
Los hechos se suman a la violencia que se ha desatado a lo largo de la de la frontera Colima-Michoacán en el norte de México, provocando desplazamientos masivos e inmigración forzada, ya que miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han librado una guerra contra el Cártel de los Caballeros Templarios para obtener el control de varias industrias ilícitas y legales, incluidas la minería, los aguacates y las bananas.
México, uno de los países más peligrosos para defensores ambientales
Los ataques contra activistas parecen ser parte de un patrón regional más grande: La combinación de recursos naturales vastos, empresas internacionales poderosas, grupos criminales violentos y una corrupción gubernamental arraigada. Todo ello ha hecho que México se convierta en un punto neurálgico de violencia.
Así, México es uno de los países de América Latina más peligrosos para los defensores de los derechos ambientales y territoriales. Más de tres cuartas partes de los ataques registrados contra ambientalistas en todo el mundo ocurrieron en nuestra región según informes de Global Witness, que también indica que es probable que exista un «un subregistro porque muchos asesinatos no se denuncian».
En los últimos años, el CJNG ha incursionado en la minería ilegal, perpetrando «violencias contra comunidades indígenas con total impunidad y sin una respuesta adecuada del Estado mexicano», dijo Global Witness.
Falta de gobernabilidad en México
Lagunes había recibido previamente medidas de protección en numerosas ocasiones por parte del gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en respuesta a amenazas de muerte vinculadas a casos de derechos a la tierra de alto perfil. No obstante, a pesar de la desaparición de los ambientalistas mexicanos, los conflictos y la violencia, los activistas comunitarios contra la minería han prometido continuar su lucha en medio de un aumento de las enfermedades infantiles, la escasez de agua, la erosión de la tierra y la deforestación.
«Tenemos miedo en esta lucha, con miedo de que en cualquier momento otro de nosotros pueda ser el próximo. Necesitamos que el gobierno recupere a nuestros colegas, de lo contrario, los grupos comunitarios tendrán que actuar».
Miguel Jiménez, comunero, cuyo nombre fue cambiado para protegerlo de represalias.
La situación es compleja y la comunidad está dividida. Por un lado, los grupos comunitarios antimineros exigen que Ternium México cumpla con las promesas financieras, sociales y de infraestructura que hizo en 2012. Mientras que intentan detener un nuevo proyecto minero de hierro y otros metales, que afirman no ha sido autorizado.
Además, miembros de la comunidad estarían supuestamente alineados con la empresa y/o bandas criminales, según informes locales. Sin embargo, la desaparición de los ambientalistas mexicanos revela una falta de responsabilidad social del gobierno y sus instituciones, así como una crisis de gobernabilidad asociada a múltiples factores que está impidiendo el desarrollo social y económico.
