De acuerdo con información de Proceso, el gobierno mexicano rechazó los señalamientos sobre las irregularidades de su proceso de “consulta indígena” sobre el Tren Maya.
El gobierno tachó de “descalificaciones” y centró sus críticas sobre la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Desde el arranque del proceso de “consulta”, varias organizaciones exhibieron los evidentes incumplimientos de la “consulta indígena” con los lineamientos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga los Estados a llevar a cabo procesos de consulta “libre, previa, informada y culturalmente adecuada”.
En un boletín, la vocería de la Presidencia de la República sostuvo que los señalamientos se hicieron “prejuzgando sobre hechos futuros relacionados con el proyecto de desarrollo, abonan a un clima de incertidumbre y de falta de respeto a la legítima voluntad que han expresado las comunidades indígenas”.
A lo largo de siete puntos, la vocería de Andrés Manuel López Obrador explicó -cuya base son sus opiniones-, que el proceso de consulta cumplió con los estándares internacionales, desacreditó las observaciones contrarias, y concluyó atacando a “la descalificación ni la crítica simple, sin sustento, ligera y parcializada”.
“Expresamos nuestra preocupación ante las descalificaciones que han vertido diversos actores, en especial la ONUDH”, aseveró.
Al ser vinculante, la consulta puede ser retada en tribunales mediante juicios de amparo, que atacarían el incumplimiento con el Convenio 169 de la OIT, el cual tiene carácter constitucional.
La vocería presidencial respondió a los señalamientos “con la finalidad de contribuir a la certeza jurídica del proceso de consulta y los acuerdos alcanzados”; es decir, para blindar la consulta contra eventuales amparos.
El jueves pasado, la ONUDH documentó la serie de incumplimientos en los que incurrió el gobierno durante la consulta: señaló, entre otros, que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) proporcionó información parcial e incompleta, pues solo expuso los supuestos beneficios del megaproyecto, sin evocar potenciales efectos negativos.
Esta falta de información clara es producto de que el propio gobierno federal aún no cuenta con estudios sobre los impactos del megaproyecto, o al menos no los ha difundido.
La ONU-DH también observó que “las personas de las comunidades expresaban su conformidad con el proyecto como un medio para recibir atención a necesidades básicas como agua, salud, educación, trabajo, vivienda, medio ambiente sano y cultura, lógica que afecta el carácter libre de la consulta”.
En su boletín, la vocería de AMLO expresó una serie de “precisiones”, que empleó a lo largo del último mes de consultas.
A veces, dicha “precisión” cargaba con un evidente sesgo de deshonestidad, como cuando planteó que “es aventurado afirmar sin fundamento que las comunidades hayan aprobado el proyecto a cambio de recibir atención a sus necesidades básicas como agua, salud y educación”.
“En las 30 Asambleas Regionales no hubo una sola manifestación en este sentido, como se podrá observar de las evidencias documentales y videograbaciones de este proceso”, aseveró la vocería.
Al menos en las cuatro asambleas consultivas a las que Proceso asistió los pasados 14 y 15 de diciembre, el tren quedó en el segundo plano de las discusiones; los representantes ejidales insistieron más bien en sus necesidades básicas. El Fonatur les aseguró que éstas serían atendidas en el marco del Tren Maya.
Fuente: Proceso
