El 29 de marzo de 2003, agentes de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua detuvieron sin orden de aprehensión a Isidro Baldenegro en la comunidad de Coloradas de la Virgen, acusado de posesión de mariguana y armas de uso exclusivo del Ejército.
Doce días antes de su detención había logrado que un tribunal especial declarara ilegal la tala de árboles en la comunidad, resolución que se sumó a las que desde 2002 obtuvo en contra de la tala inmoderada del bosque. Tras ocho días de detención, fue puesto en libertad por falta de pruebas.
El caso de Isidro es paradójico, pues mientras en México era encarcelado, procesado y exhibido ante los medios de comunicación, a nivel internacional era reconocido por su lucha en favor del medio ambiente con el Premio Goldman en 2005, una especie de Nobel para los defensores del medio ambiente.
En las últimas dos décadas, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han documentado al menos 55 casos de defensores del medio ambiente, abogados, funcionarios públicos e integrantes de comunidades indígenas que han sido asesinados, desaparecidos, torturados, encarcelados y amenazados por denunciar la tala clandestina de árboles, oponerse a la operación de empresas mineras e impedir la construcción de proyectos hidroeléctricos que invaden zonas naturales.
Esta cifra podría ser mayor, pues de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en abril de 2009 otorgó medidas de protección a 107 defensores del medio ambiente que se encontraban en riesgo sólo en el estado de Guerrero.
La lista de casos documentados muestra que 18 activistas fueron asesinados; 17 fueron acusados de delitos como portación ilegal de armas, delincuencia organizada, ataque a las vías de comunicación y homicidio; 16 fueron torturados, atacados con arma de fuego o heridos; 2 se encuentran desaparecidos y 2 más fueron testigos cuando comandos armados emboscaban y asesinaban a sus familiares.
Se trata de ecologistas a los que las autoridades omitieron otorgarles medidas de seguridad a pesar de que denunciaron jurídica y públicamente las amenazas de las que eran objeto.
Resalta el caso de los hermanos Jaime y Aquilino Loaeza Juárez, activistas de Temoxcaltepec, Oaxaca. Ambos han sido atacados y amenazados en cuatro ocasiones a partir de que fundaron, en 2006, la Organización de Pueblos Unidos por la Defensa de sus Tierras, organismo civil que promueve la organización de la comunidad para impedir la invasión de áreas naturales. A pesar de ello, no cuentan con medidas de protección.
La mayoría de los casos se presentan en el estado de Guerrero. Le siguen el estado de México, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, Morelos, Michoacán, Guadalajara y Sonora.
La situación de los defensores del medio ambiente en el país hoy es motivo de preocupación a nivel internacional. En la última década, sólo ocho países han comparecido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para rendir cuentas por las agresiones cometidas en contra de sus ambientalistas; México es uno de ellos.
De estos países -Belice, Honduras, Chile, Paraguay, Perú, Argentina, Panamá y México-, sólo cuatro han recibido sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; en breve México podría convertirse en el quinto.
Desde 2006, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, litiga ante el tribunal interamericano el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, fundadores de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, en Guerrero.
Ambos ambientalistas fueron detenidos, encarcelados y procesados a partir de confesiones arrancadas con tortura luego de que denunciaron la complicidad que existe entre autoridades locales, elementos militares y empresas madereras en la tala clandestina de árboles.
Actualmente Rodolfo Montiel se encuentra asilado en Estados Unidos, pues a pesar de que fue reconocido con el Premio Goldman en el año 2000 y es el primer caso de un ecologista mexicano que llega a la Corte Interamericana, la orden de aprehensión que la Procuraduría de Justicia del estado de Guerrero emitió en 2005 contra él y seis integrantes de su organización aún se encuentra vigente.
Mario Patrón, uno de los abogados que litiga el caso, señala que dicho tribunal deberá emitir su fallo antes de que finalice 2010, el cual se espera que sea negativo para el Estado mexicano.
Con una amplia experiencia en la defensa de ambientalistas, Mario Patrón asegura que la manera en la que son hostigados, amenazados y en muchos casos asesinados, deja de manifiesto que existe una estrategia encaminada a desprestigiar, desgastar y dificultar el trabajo de los defensores del medio ambiente.
«Un factor común de estos casos es que hay una amenaza previa al acto de hostigamiento y cuando estos defensores se quejan o solicitan una investigación o medidas de protección, no obtiene respuesta, lo que provoca que después de las amenazas sigan actos de agresión más fuertes vinculados con la integridad y la vida», indica.
Otra práctica común, advierte, es la imputación de delitos graves, aun cuando no existan pruebas de por medio. Una muestra de ello, agrega, es que muchos de los ambientalistas procesados fueron acusados de delitos como portación de droga y armas, homicidio y delincuencia organizada antes de ser puestos en libertad por falta de pruebas.
«Se ha modificado la estrategia para acusarlos de delitos graves justamente para que no accedan a la libertad bajo fianza y los movimientos ambientales cambien de agenda, entonces su prioridad ya no es la defensa del medio ambiente, sino sacar a su preso de la cárcel», sostiene.
Un ejemplo, dice, es el caso de la presa La Parota, en el estado de Guerrero. El año pasado un tribunal suspendió las órdenes de aprehensión emitidas por la Procuraduría de Justicia local en contra de los voceros del movimiento que se opone a la construcción del proyecto hidroeléctrico, a pesar de ello, Felipe Flores y Rodolfo Chávez fueron detenidos bajo cargos de ataque a las vías de comunicación.
Esto ha sido posible, afirma, debido a que las modificaciones legales llevadas a cabo en la última década, catalogaron como graves delitos que antes no lo eran.
«Lo que es más delicado es que el Código Penal se ha ido modificando para permitir que acciones de manifestación que eran consideradas como delitos con derecho a fianza, hoy sean consideradas delitos graves. Antes te podían acusar de ataques a las vías de comunicación y tenías derecho a caución, pero hoy en día estas acciones son delitos graves y generalmente se usan como pretexto para encarcelar a defensores del medio ambiente», señala.
El abogado indica que los agresores pueden ser desde autoridades, caciques o empresas. «Desde mi experiencia cuando los defensores del medio ambiente o las comunidades se organizan para defender su derecho a los recursos naturales frente a concesiones de agua o mineras, en realidad pelean contra el poder económico que representa la empresa, y el político que representa el Estado, ahí le sumamos un tercer poder de facto porque difícilmente las empresas operan solas, generalmente lo hacen a través de grupos de poder comunitarios que se expresan a través de fórmulas caciquiles y ahora incluso a través del narcotráfico», advierte.
Como ejemplo, sostiene que en el año 2000, Felipe Arreaga, un indígena ecologista del estado de Guerrero, fue encarcelado por el homicidio del hijo del cacique maderero Bernardino Bautista, ocurrido en 1998; luego de permanecer en prisión durante ocho meses, fue puesto en libertad por falta de pruebas.
Concesiones y permisos a modo
Para el abogado, las agresiones en contra de defensores del medio ambiente ponen en evidencia las deficiencias de la política ambiental, la cual carece de mecanismos de otorgamiento de concesiones, objetivos y sistemas de vigilancia y control una vez que éstas son entregadas, lo que coloca en posición de ventaja a las empresas interesadas en explotar los recursos naturales.
«La Secretaría del Medio Ambiente tiene una lista de despachos o de peritos ambientales que la empresa interesada en obtener la concesión literalmente contrata para que les haga el manifiesto de impacto ambiental; la Semarnat lo evalúa y valida. Este mecanismo está viciado de entrada, porque nada garantiza que el manifiesto de impacto ambiental no sea elaborado a favor de la empresa que lo paga; tampoco sabemos cómo es que la Semarnat valida y evalúa este documento», comenta.
Agrega que desde 1994, tras la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, se ha modificado el marco legal para que los recursos forestales y mineros entren como bienes de mercado al comercio, lo que genera que el territorio comunal se convierta en un espacio de disputa entre empresas y comunidades.
Dos son las modificaciones más importantes: la realizada al artículo 27 constitucional que eliminó el carácter inalienable e inembargable a la propiedad indígena y campesina, y la modificación al artículo 9 de la Ley de Inversión Extranjera, la cual eliminó la fórmula 49-51 en materia de capital extranjero, abriendo con ello la posibilidad de que empresas trasnacionales tengan inversiones mayores a 50 por ciento en proyectos de explotación de recursos naturales.
Para Patrón, no es casualidad que actualmente el 90 por ciento de las concesiones mineras en el país las tengan empresas canadienses, australianas, inglesas y estadounidenses.
«Esto se debe a que en México se les permite hacer lo que no pueden hacer en su país; por ejemplo, en Canadá está prohibida la minería a cielo abierto para la extracción de oro y plata con cianuro de sodio debido a sus altos efectos contaminantes, pero en México no existe una legislación que regule este tipo de prácticas, por eso las tenemos en Guerrero, San Luis Potosí o Jalisco», indica.
El especialista Roberto Gamboa asevera que instituciones como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tampoco son una opción para los ecologistas, pues además de que sus resoluciones no son obligatorias, en muchos casos omite hacer investigaciones de campo por temor a ingresar en territorios en donde además de los caciques, está instalado el crimen organizado.
«La Profepa no es una instancia que emita resoluciones obligatorias, lo que obtienes generalmente son resoluciones que establecen algunas acciones vinculadas con la necesidad de que se hagan cambios en la manera de operar, pero difícilmente obtienes una resolución que esté asociada con la misma cancelación y protección», reprocha.
Y agrega: «muchas de las comunidades denuncian y no saben qué pasa con su proceso y la Profepa no quiere entrar porque le da miedo, eso es básico, no atiende porque le da miedo, entonces ¿qué opción le queda a la gente, si acude a la vía legal y no es tomada en cuenta?».
Ante estas deficiencias, asegura, los defensores del medio ambiente optan por denunciar las amenazas y las agresiones de que son objeto, no como una apuesta a la efectividad, sino como un mecanismo para documentar las omisiones de las autoridades mexicanas.
El abogado y el especialista coinciden en que las agresiones en contra de los ecologistas, la existencia de un marco legal ineficiente y la falta de instituciones fuertes, colocan a México como un país incoherente, pues por un lado es sede de la conferencia más importante en materia medioambiental, pero por otro criminaliza a quienes defienden sus recursos naturales.
«México está en un lugar contradictorio porque confirmamos que en la agenda de defensa del medio ambiente y los recursos naturales, uno es el discurso frente a la comunidad internacional y otra es la política interna», señala Roberto Gamboa.
«Llegamos al extremo de que mientras en México se criminaliza a ecologistas, internacionalmente son reconocidos con premios como el Goldman o, como en el caso de Rodolfo Montiel, con el otorgamiento del estatus de asilado por parte del gobierno de Estados Unidos», sostiene Mario Patrón.
Fuente: Reforma, Suplemento Enfoque, p. 12-14.
Reportero: Martha Martínez.
Publicada: 21de noviembre.
