Las Corts Valencianes aprobó hoy la Ley de Ciudadanía Corporativa con los votos a favor del PP y en contra de los grupos de la oposición, que consideraron que se trata de un texto confeccionado para el «autobombo» y la «publicidad» de las empresas que apliquen un concepto de responsabilidad social «elitista».
No obstante, los ‘populares’ aseguran que se trata de un proyecto «innovador, basado en la solidaridad y un nuevo concepto de empresa como ciudadano responsable».
Así, la nueva normativa aprobada hoy impulsará el voluntariado corporativo y el Consell otorgará una certificación a las empresas que destinen trabajadores a acciones sociales.
Para ello, se creará un Consejo de Ciudadanía de la Comunitat Valenciana para los interesados en esta práctica, que tendrá un carácter consultivo y el apoyo del Consell.
El texto define ‘Ciudadanía Corporativa’ como el cumplimiento «estricto» por parte de empresas la integración dentro de su labor comercial las preocupaciones sociales y medioambientales y el respeto a los derechos humanos.
Además, señala que la ‘Acción Social’ es la dedicación voluntaria de recursos a proyectos dirigidos a mejorar el bienestar de la sociedad y la ‘Excelencia en ciudadanía corporativa’ como aquellas prácticas de ciudadanía corporativa que deben ser consideradas como un referente para las empresas.
Al respecto, la diputada socialista Clara Tirado, advirtió de que «tan sólo se toma en cuenta la acción social» de la empresa pero «no se establece ningún mecanismo de verificación de responsabilidad social». Además, señaló que «no hay acuerdo sobre las condiciones y requerimientos que hay que exigir a las empresas para aceptar que son socialmente responsables».
Los grupos de la oposición coincidieron en solicitar que se eliminara el artículo 27, referido a la publicidad de la excelencia en ciudadanía corporativa, por el que la Generalitat otorgará un reconocimiento de excelencia mediante publicidad institucional y se entregarán certificaciones de Ciudadanía Corporativa.
Al respecto, la diputada de Compromís Mireia Mollà destacó que «mas del 70% de los artículos es para regular la publicidad y los criterios por los que se otorgará un certificado de excelencia», cuyo concepto para el PP es «elitista», ya que lo reducen sólo a una aportación económica filantrópica, lamentó.
Igualmente, la parlamentaria de la Agrupación de Diputados No Adscritos (ADNA) Marina Albiol criticó que sea una norma para «limpiar la imagen» de algunas empresas y la «conciencia» de algunos empresarios, que sirve, además, para hacer «clientelismo» por parte del Consell.
«DON DE LA UBICUIDAD»
El nuevo vicepresidente primero de la Mesa, que durante el debate de esta ley ejercía de presidente de la misma, ante la ausencia de Milagrosa Martínez, tuvo que intervenir en un par de ocasiones para solicitar a las diputadas del PSPV y Compromís, Clara Tirado y Mireia Mollà, que se ciñeran a la cuestión del debate, ya que ambas hicieron mención a la situación de Rafael Blasco como portavoz del PP en la Cámara y responsable también de la Conselleria que ha promocionado esta Ley.
De esta manera, Tirado, que criticó la situación de Blasco como síndic de conseller, aseguró la «rapacería institucional» le ha permitido atribuirse el don de la «ubicuidad, lo que le permite «ser azul en su escaño de conseller y rojo, teóricamente, en su escaño de portavoz».
«No cabe duda que podría ponerse una medalla al corporativismo político», agregó. En este sentido, Mireia Mollà comentó que Blasco, como portavoz del grupo ‘popular’ podría haber tenido la oportunidad de enmendarse su propia ley.
«CRUZADA» CONTRA LOS EMPRESARIOS
El portavoz del PP y conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, en los pasillos de las Corts, lamentó que el PSPV «continúe su cruzada contra los empresarios valencianos, votando en contra de una ley que plantea impulsar compromisos solidarios». A su juicio, los socialistas «continúan estando fuera de la realidad» y «atacan de forma irresponsable al tejido empresarial», apostilló.
Por el contrario, el conseller destacó el diálogo social y el acuerdo con los empresarios alcanzado por el Consell para poner en marcha esta iniciativa legislativa, que es la primera en España en este sentido, aseguró.
Blasco resaltó también que esta Ley podrá beneficiar a las más de 370.000 empresas y más de 200.000 autónomos que desarrollan su labor en la Comunitat, donde, según dijo, el 60% de las empresas «apoya de algún modo, proyectos de entidades no lucrativas».
