Por Helena Ancos
El activismo accionarial está aumentando y está afectando de forma cada vez más efectiva a los consejos de administración de las empresas.
Los inversores activistas son aquellos que buscan tomar una posición importante en el capital de una compañía para luego impulsar determinados cambios, ya sean reestructuraciones de negocios, nuevos rumbos estratégicos (límites a la remuneración de los altos directivos, el empleo del efectivo de sus balances en la recompra de acciones, la distribución de dividendos y adquisiciones), o sencillamente reemplazar al gerente de la empresa.
Según un estudio de Activist Insight publicado recientemente, 237 empresas fueron objetivo del activismo accionarial en 2013, representando un aumento del 9% frente al año anterior. Los activistas tuvieron un porcentaje relativamente alto de éxito consiguiendo sus objetivos en el 59% de los casos – una cifra que sube hasta el 78% si se consideran los objetivos parcialmente conseguidos-.
Desde un punto de vista geográfico, las tendencias muestran que el activismo continúa extendiéndose por jurisdicciones, aunque con notables variaciones regionales: las empresas norteamericanas representan el 71% del objetivo de los activistas en el mundo, mientras que en el caso de las europeas esta cuota subió desde el 14 al 19%. Canadá se considera la tierra prometida del activismo gracias a una legislación favorable a la participación de accionistas minoritarios.
Del mismo modo, quedan pocos sectores que aún sean inmunes a actuaciones de inversores activistas, aunque un tercio del activismo accionarial tiene lugar en empresas con una capitalización de más de 2 mil millones de dólares. Tradicionalmente, los inversores activistas han ejercido mayor presión en empresas pertenecientes al sector financiero, pero en la última década se ha observado un incremento de estas prácticas en sociedades pertenecientes a otros sectores. En los nueve primeros meses de 2013, las empresas de servicios de todo el mundo representaron el 24% de las acciones activistas mientras que las empresas tecnológicas fueron el objetivo de un 22% de aquéllas.
De forma general, la presión que los inversores activistas han ejercido este año sobre los miembros de consejos de administración queda patente por el doble de campañas para destituir a consejeros delegados u otros miembros del consejo respecto a los datos de 2010. La estrategia principal de los activistas sigue siendo obtener un asiento en el consejo (30%): 67 activistas buscaron representación en el consejo, frente a 58 en el 2012. La ruta preferida para ello es la negociación, la búsqueda de acuerdos, que se consiguieron en el 17% de los casos (así ValueAct, consiguió un puesto en Microsoft en 2013), mientras que el último recurso en la estrategia de los activistas suelen ser las luchas por la delegación del voto (Proxy fight) que en el 2013 llegó al 21% de los casos, o la nominación de un nuevo director (Proxy access) en el 62% del total.
El informe ofrece además un listado de los inversores más activos en el ejercicio anterior. El activista que figura en primer lugar fue el magnate Carl Icahn, que mediante su fondo de inversión orquestó muchas de las principales batallas corporativas en EEUU. A sus 78 años lideró en 2013, 14 campañas con inversiones por valor de 12 mil millones de dólares, consiguiendo sentar a Directores en seis empresas. Una de sus intervenciones más sonadas fue en el año 2006, cuando Icahn obtuvo el apoyo de otros accionistas para realizar una profunda transformación en Time Warner separando el negocio en diferentes unidades, recortando gastos, recompra de acciones y cambios en la dirección de la empresa. Su influencia es tal que en Wall Street suele utilizarse la expresión “Icahn lift” para hacer referencia al aumento de precios en las acciones que se produce ante los rumores de su actuación en alguna empresa.
El activismo inversor representa todavía una minoría, con aproximadamente un 1% de acciones en EEUU. En España no existe tradición de accionistas minoritarios interfiriendo o presionando directamente a los consejos de administración de sociedades cotizadas; el activismo gira más bien en torno a las juntas generales. Sin embargo, en los últimos años se está produciendo un significativo aumento de este tipo de activismo como lo muestra el 36,76% de votos en contra de la política retributiva del Consejo de Telefónica en la pasada junta de accionistas, o las intervención de Intermón Oxfam, Setem, Justicia y Paz, el Observatorio de la Deuda en la Globalización, o Paridad en Acción en la juntas de Accionistas de Repsol, BBVA, Inditex, Adolfo Domínguez o Ibredrola.
El activismo accionarial constituirá un problema creciente a abordar por los equipos de gestión de las empresas y aunque persiga objetivos diversos, puede ayudar a disciplinar al equipo de dirección y a los consejeros, a través de la exigencia de mayor publicidad y la consiguiente justificación de las retribuciones y blindajes de los directivos (say on pay), introduciendo límites a políticas contrarias a los Derechos Humanos y a potenciales amenazas a la reputación de la entidad. Un instrumento en definitiva, de desarrollo de la democracia societaria y mecanismo de control del gobierno corporativo.
Helena Ancos Franco
Coordinadora del Programa de Trabajo de Responsabilidad Social Empresarial del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Representante en la UCM de la RedUNIRSE, red Iberoamericana de Responsabilidad Social Empresarial y Promotora en la Universidad Complutense de Madrid de la Red Interuniversitaria de Responsabilidad Social Empresarial. Ha sido Abogado y Profesora de Derecho Internacional Privado en la Universidad Europea de Madrid y en el Centro Universitario Francisco de Vitoria y en el Centro Universitario de Estudios Financieros de Madrid. Sus actuales líneas de investigación se centran en la búsqueda de modelos jurídicos y económicos que promuevan la rentabilidad de los negocios y el desarrollo social, así como mecanismos de colaboración público-privada para el desarrollo.
