Erika Barón
La audiencia del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), dónde se definirá si un juez le otorga la suspensión definitiva contra los acuerdos publicados por el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), tiene fecha para el lunes 29 de junio pero esto podría diferirse si no se logra la notificación al Congreso de la Unión.
Tras el anuncio de Greenpeace del pasado miércoles sobre la suspensión definitiva a estos acuerdos, la representante del CEMDA indicó que su proceso podría ser más largo e incluso, hasta podría retrasar la audiencia debido a que su amparo demanda al Congreso por inconstitucionalidad al artículo 14 de la Ley de Transición Energética, el cual omite la inclusión del estándar de sustentabilidad en el servicio eléctrico nacional.
“Aparte de la confiabilidad, continuidad, seguridad y todos estos calificativos que tiene el acuerdo, hay un mandato constitucional que establece que debes considerar la sustentabilidad y este artículo no lo trae”, explicó.
En entrevista con Expok, Anaid Velasco, coordinadora de Investigación del CEMDA, aseguró que dichos lineamientos no tienen los fundamentos necesarios para frenar el desarrollo de energías limpias en el país e incluso resultan contradictorios.
“Ellos asumen que las energías renovables no son confiables, cosa que es falsa en un contexto como el de México”, reiteró.
Puntualizó que si bien es real que este tipo de energías genera inestabilidad en el caso de que haya una alta penetración, en México no aplica. Lo que invalida la supuesta desconfianza que el gobierno apela y por la que pretende endurecer los lineamientos hacia las energías renovables en el país.
Respecto a la iniciativa gubernamental de frenar la entrada de nuevas plantas de energía renovable al país, resaltó que de aplicarse esta política a favor de las termoeléctricas, como Tula, los efectos al medio ambiente y a la salud son irreparables, e incluso podrían aumentar la mortalidad en enfermedades respiratorias como el COVID -19.
Declaración que pone en tela de juicio la resolución del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que estos acuerdos son provisionales y en favor de la pandemia que ha provocado el coronavirus en México.
“Han dicho que este acuerdo tiene temporalidad, que no es para siempre. Pero si tu lees el acuerdo no dice hasta cuando es vigente, lo cual también es ilegal”, manifestó.
¿Qué sigue?
El pasado miércoles se di a conocer la suspensión definitiva concedida a Greenpeace, la cual frena por tiempo indefinido la aplicación del acuerdo promovido por Cenace y la política de la Secretaría de Energía (Sener) en materia de generación de energía eléctrica.
En este contexto, Luis Miguel Cano, abogado y especialista en temas legales de Greenpeace, aseguró que, ya que es una iniciativa conjunta, sólo falta que se otorgue la suspensión definitiva a CEMDA. “Ya con eso podríamos respirar con cierta tranquilidad”.
Hablando particularmente del juicio de Greenpeace, detalló que luego del anuncio se encuentran en espera de las posturas e informes de las autoridades; “un largo proceso de análisis y revisión”.
“Los juzgados a la hora de dar las suspensiones han sido puntuales. Han dicho que las autoridades no dan elementos que prueben que se afecte la continuidad y calidad del servicio eléctrico, entonces hay que tener atención en eso para que no se den elementos de prueba que no sean adecuados para el caso”.
Por su parte, resaltó que aún trabajaran en reforzar las pruebas que demuestren los daños a la salud y al medio ambiente que estos acuerdos implican.
“En un ambiente de contaminación la gente es más propensa a enfermarse y eso en términos de la contingencia actual es incluso uno de los factores que podría facilitar contraer COVID -19”.
Pese a la suspensión, las autoridades mexicanas aún tienen 10 días hábiles a partir de la notificación para presentar un recurso de revisión y se espera que en el lapso de seis meses a un año por fin haya una sentencia a favor.
