Por: Emilio Guerra Díaz
Decía el Dr. Carlos Zarco en una de sus cátedras en la Universidad ORT que las relaciones entre gobierno y sociedad civil están entrando en una nueva fase de institucionalidad o mejor dicho, la están apenas creando. Esto es, se está avanzando lentamente en un entendimiento entre los sectores y se vislumbran área de colaboración conjunta. No es un proceso de terciopelo sino todo lo contrario.
En algunos casos, la ciudadanía organizada requiere cambiar estructuras y aspectos culturales para proponer nuevos mecanismos para ser efectivos, por ejemplo, en el combate a la corrupción. Se requieren alianzas con todos los sectores y como se ha visto el tema ha despertado diversas polémicas, condenas, descalificaciones e incluso ataques personales. Ya lo ve el lector en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Se ha dicho que culturalmente que la corrupción ha hecho mella en nuestra comunidad y prospera en tanto que los beneficiados vislumbran asegurar un futuro individual mejor. La corrupción fomenta culturalmente otra resistencia: refuerza el desaliento al asociacionismo y, por ende, el trabajo en equipo no se concreta porque cada uno está viendo para su propio bienestar. En lugar de enfocarse a la actitud del esfuerzo se busca la oportunidad del beneficio en la opacidad o recovecos que disponen medidas burocráticas y son implícitas a la técnica jurídica o de la administración pública.
Otros campos de la relación entre sociedad civil y gobierno pueden ser más venturosos toda vez que los dos sectores trabajan con miras a resolver problemas comunes. Por ejemplo, el combate al crimen organizado, la trata de personas, la migración de infantes hacia EE.UU., etc. Muchas de estas acciones conjuntas se confían al trabajo a partir de redes o alianzas.
Sin embargo, hasta hace algunos años pensar que la colaboración entre gobierno y sociedad civil podría ser contemplada en la ley era algo inimaginable. Hoy destaca un caso donde la sociedad civil organizada está mostrando que puede ser un aliado claro en tareas de atención a personas adolescentes que se encuentran en enfrentando un juicio para comprobar su responsabilidad en conductas tipificadas como delitos.
El modelo de la unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso especializada en personas adolescentes, como autoridad administrativa, busca desde su función, ofrecer alternativas para que los adolescentes enfrenten su proceso en libertad cumpliendo obligaciones impuestas por un juez las cuales tiene un carácter más comunitario que coercitivo .
De acuerdo con lo que señala la Secretaría de Gobernación, “uno de sus principales beneficios es evitar el uso excesivo de la prisión preventiva como medida cautelar. Para ello, dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales se establece un amplio catálogo de medidas que pueden ser impuestas por los juzgadores, en pleno respeto de los derechos humanos y procesales de víctimas e imputados. Por ejemplo, en el lugar de la prisión preventiva el Juez puede ordenar otras medidas cautelares como: exhibición de una garantía económica, embargo de bienes, inmovilización de cuentas bancarias, prohibición para salir del país o de su localidad, entre otras”.
De acuerdo con lo que señala la Secretaría de Gobernación, «…dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales se establece un amplio catálogo de obligaciones legales que pueden ser impuestas por los juzgadores, como son las medidas cautelares y la salida alterna denominada suspensión condicional del proceso.
La primera busca que la persona adolescente que enfrenta el proceso permanezca en él, y la segunda tiene como objetivo la reparación de los daños a la víctima u ofendidos. Ambos tipos de obligaciones son dictadas en pleno respeto de los derechos humanos y estándares internacionales que regulan la justicia penal para adolescentes». Por ejemplo, el Juez puede ordenar medidas cautelares o condiciones de la suspensión como: exhibición de una garantía económica, culminar un grado académico, prohibición del consumo de alcohol o drogas , prohibición para salir del país o de su localidad, entre otras”.
Entres “otras” medidas destaca la posibilidad de que organizaciones de la sociedad civil colaboren con las personas adolescentes imputadas con el fin de que en su proceso se vinculen a los servicios que aquellas ofrecen. De esa manera se tienen al menos dos grandes beneficios. Primero se evita criminalizar a la persona adolescente y al no estar dentro de una “escuela del crimen” se evita que una posible carrera delictiva fructifique. Recuerde el lector que en muchos casos las y los adolescentes pueden ser inocentes aun a pesar de que las circunstancias los condenen.
Segundo, las organizaciones civiles atienden las medidas que dicta el juez procurando incidir en la formación de las personas adolescentes vinculados, para que sean hombres y mujeres de provecho (o continúen siéndolo), ya sea en su educación escolar, aprender un oficio, iniciar un emprendimiento, etc. Y sobre todo no interrumpiendo su dinámica comunitaria.
En este caso la relación gobierno y organizaciones de la sociedad civil ya está normada y ahora organizaciones que han sido pioneras en este terreno como Creativería Social A. C. (con sede en Morelos) están trabajando para crear alianzas con el sector empresarial para involucrarle en acciones innovadoras, generando una forma de que la justicia cumpla su función en igual de circunstancia para todas las partes involucradas.
Creativería Social A.C., en octubre de 2013 diseñó el primer proceso de vinculación entre una oficina de medidas cautelares y OSC, en ese tiempo el objetivo era beneficiar personas adultas en proceso penal. En julio de 2017 la organización pica piedra sensibilizando a otras OSC y empresas en los estados de San Luis Potosí y Morelos, el reto ahora es con personas adolescentes, por lo que estaremos al pendiente de esta nueva forma de hacer justicia en nuestro país gracias a la colaboración desde la sociedad civil.
Desde el Consejo Directivo
El Presidente del Directorio señaló que es urgente apoyar a Amnistía Internacional debido a que la Directora de la Turquía, Idil Eser, está en prisión preventiva junto con seis personas defensoras de derechos humanos. Esta organización, Premio Nobel de la Paz, lucha contra arbitrariedades y abusos de poder en todo el mundo. Human Right Watch también se ha sumado a las peticiones de liberación. Ambas organizaciones exhortaron a sumarse en
El Tesorero del Consejo Directivo expresó sus felicitaciones porque la Fundación Best que forma parte de Farmacias de Similares entregó en distintas sedes del país premios a OSC en las modalidades de sus premios: “Por un País Mejor” y “Unidos para ayudar”. Las organizaciones ganadoras recibieron además de un diploma un estímulo económico por 30 mil pesos. Compartió con sus colegas que en Campeche se reconoció a la Voz del Buen Samaritano y al Centro de Solidaridad Juvenil, esta última organización ha venido realizando un trabajo ejemplar con mujeres.
La Secretaria del directorio también mandó una felicitación a Fundación Dr. Sonrisas pues ha logrado cumplir los sueños de miles de niños que se encuentran enfermos. El modelo cuenta hoy con 23 filiales en el país y seis en otras naciones de Sudamérica. También dijo que el joven Eric Daniel Ortega, estudiante de bachillerato de la UNAM, fue elegido junto a 60 jóvenes del mundo para participar en el Global Changemakers que se llevará a cabo en Suiza. Ortega se encuentra trabajando en iniciativas de combate al hambre a través de la promoción de comedores comunitarios.
El Director de la organización señalo que afortunadamente avanza el cuidado de canes en la ciudad de México tanto por iniciativas de OSC como por la apertura por parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera del albergue para perros de El Rosario. Adoptafest 2017 se organizó en beneficio de las mascotas en la delegación Benito Juárez y varios perritos fueron colocados en un nuevo hogar.
Emilio Guerra Díaz
Emilio Guerra cuenta con amplia experiencia en la Gestión de la RSC, destacando su trabajo en el área de vinculación con la comunidad que potenciar la inversión social empresarial. Ha gerenciado fundaciones empresariales.
