Las recientes reformas realizadas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) podrían incrementar los litigios ambientales en el país y poner en riesgo obras de infraestructura, proyectos inmobiliarios y desarrollos industriales, dijo Federico Ruanova Guinea, socio y coordinador de la práctica de Medio Ambiente de Baker & McKenzie.
El pasado 28 de enero, el Diario Oficial de la Federación publicó una reforma al artículo 180 de la LGEEPA, personas físicas o morales con intereses legítimos tienen el derecho a impugnar cualquier acto administrativo de obras, actividades y ordenamientos que de ellos derivan que incumplan a la normatividad ambiental federal.
Redactada como está, esta norma podría detener desarrollos en infraestructura motivado no sólo por el posible impacto medioambiental o a la salud, sino podría ser utilizado para negar el surgimiento de nuevos mercado, sostuvo el abogado.
Ello debido a que lo único que debe hacer una persona es demostrar que el procedimiento que pretenda impugnar puede originar un daño al medio ambiente, los recursos naturales, vida silvestre o a la salud pública. “Pareciera que basta que las obras pueden generar un daño ambiental para entonces impugnar los permisos otorgados”.
Ello puede generar un posible abuso, explicó el especialista, pues da margen a muchas interpretaciones y quienes tengan un interés en detener una obra tienen un recurso de revisión ante la autoridad, o bien, una demanda de nulidad ante tribunal de justicia administrativa.
Según Federico Ruanova Guinea, “los jueces no están muy informados en el área ambiental y puede darse el caso de abuso en lo que decretan suspensión de autoridades mientras se define si la obra causa año ambiental”.
La norma es tan ambigua en su establecimiento que puede dar cabida a litigios derivados de una obra de infraestructura, un proyecto inmobiliario u otra actividad cuya afectación no sea significativa, añadió el abogado.
De detenerse un proyecto, las pérdidas económicas se cuantifican en millones de pesos, lo que frenaría el crecimiento económico.
De acuerdo con el coordinador de la práctica de Medio Ambiente de Baker & McKenzie, el abuso de esta norma es capaz de afectar a proyectos de inversión pública y privada, actividad fundamental para los sectores de turismo, inmobiliario e industrial.
Ante ello, Ruanova Guinea recomendó a los empresarios elaborar e implementar un plan de cumplimiento ambiental, impacto y riesgo, cambios de uso de suelo, entre otros, para minimizar el riesgo de participar en un litigio ambiental que pudiera terminar en la revocación de licencias o permisos necesarios para operar.
Fuente: El Economista, Política y Sociedad, p. 41.
Reportero: Ana Lagner.
Publicada: 21 de marzo de 2011.
