Los turismos matriculados antes de 1997 y las furgonetas de antes de 1994 no podrán circular los días laborables por los 40 municipios de la conurbación barcelonesa a partir del 1 de enero de 2019. Esta medida entrará en vigor a partir del próximo 1 de diciembre en los días en que haya un episodio de contaminación ambiental. El acuerdo, el primero de gran envergadura alcanzado hasta ahora, se ha adoptado este lunes en la cumbre que han celebrado la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y representantes locales de 40 municipios. El objetivo es la reducción de un 30% de las emisiones vinculadas al tráfico antes de 15 años, y un 10% en los próximos cinco años.
El acuerdo significa adelantar en un año las medidas que ya había anunciado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y extenderlas a los 40 municipios que hay alrededor de la capital catalana. Estas medidas urgentes se adoptan para lograr gradualmente los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según los datos del Ayuntamiento, cada año la contaminación atmosférica es la causa de 3.500 muertes prematuras en el área de Barcelona. El pasado mes de febrero, el ejecutivo europeo advirtió por enésima vez a algunos de sus estados miembros, y en especial a ciudades como Madrid y Barcelona, sobre la necesidad de rebajar los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire. De no emprender iniciativas contra la contaminación, Bruselas puede dirigirse al Tribunal de Justicia de la UE para que actúe contra dichos estados y ciudades.
En el acto conjunto entre las administraciones, presidido por el consejero de Territorio y Sostenibilidad Josep Rull, se ha detallado el alcance de la restricción: afectará a furgonetas matriculadas antes del 1 de octubre de 1994 y a turismos anteriores al 1 de enero de 1997. La medida implica a 106.018 coches, que suponen un 7% del parque automovilístico, y a 22.049 furgonetas, un 16% del total de este tipo de vehículos.
Para facilitar el cambio de turismo, el Área Metropolitana ya ha anunciado que destinará 46 millones para mejorar infraestructuras y para ayudar a los ciudadanos a deshacerse de los coches viejos. La medida más destacada es la emisión de un título de transporte público gratuito de tres años de validez a quien entregue su vehículo contaminante.
Con el acuerdo adoptado este lunes, las distintas administraciones preparan estas actuaciones conjuntamente en un protocolo, que se deberá aprobar antes del 1 de julio de este año. El protocolo incluirá el detalle de las acciones a realizar en cada nivel de alerta: los mecanismos de activación de las medidas de refuerzo del transporte público, la implantación de un título de transporte específico para captar nuevos viajeros en episodios de contaminación, y los canales de comunicación y coordinación de las instituciones implicadas.
Fuente: El País
