Tras los resultados de la consulta celebrada el fin de semana pasado sobre la construcción de una cervecería de la marca Constellation Brands en Mexicali, Baja California; el gobierno de México ha declarado que se le negará el permiso de agua a la fábrica, provocando así la cancelación de las obras de la empresa en la zona.
Con datos de El economista, a pesar de ello, el Consejo Coordinador Empresarial argumentó que la planta utilizaría solamente el 0.2% de los recursos hídricos de la localidad, además de contar con mecanismos para tratar y devolver el agua utilizada para uso agrícola.
La situación se volvió controversial bajo la comprensión de que las acciones emprendidas por el gobierno mexicano implicarían una violación al capítulo de inversión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, siendo que éste cubre los actos directos e indirectos de todos los sectores abarcados. Considerando una expropiación como un acto directo y la realización de actos inherentes a impedir la operación de un negocio por parte de las autoridades municipales como un acto indirecto.
Alejandro Gómez Strozzi, socio de consultoría estadounidense Foley Gardere Arena, afirmó:
Si bien no hay un decreto expropiatorio, sí existiría un impedimento de continuar con el negocio —el cual ya tiene aparentemente todos los permisos autorizados— por un acto posterior.
Hasta que haya un acto de autoridad por parte del gobierno, sería equivalente a una expropiación indirecta, la cual entraría en conflicto con el artículo 1,110 del TLCAN en que se establece que ninguna de las partes podrá nacionalizar o expropiar, directa o indirectamente, una inversión de un inversionista de otra parte en su territorio, ni adoptar ninguna medida equivalente a la expropiación o nacionalización de esa inversión (expropiación), salvo que sea por causa de utilidad pública, sobre bases no discriminatorias, con apego a la legalidad y mediante indemnización, entre otros supuestos.
Queda pendiente determinar si esta controversia quedaría resuelta bajo el TLCAN o su sustituto, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en cuyo capítulo 14 del apartado de inversión se acordó quitar cierto nivel de protección a las inversiones en el sector de las manufacturas, dejando protección solamente a los “medios directos de inversión” y a ciertas actividades o servicios de los sectores de energía, telecomunicaciones e infraestructura
El gobierno mexicano basa su decisión en los resultados de la votación en la que participaron 36,781 ciudadanos en las 10 mesas de votación que se instalaron en el área urbana y las otras 17 que funcionaron para zonas rurales en las que se registraron 27,973 (76.1%) votos en contra, 8,545 (23.2%) votos a favor y 261 votos nulos en los dos días que duró la consulta según lo detallado por Diana Álvarez Maury, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos.
Por su parte, mediante su cuenta oficial de Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que:
El gobierno federal promueve y da garantías a la inversión privada, a la vez que protege el medio ambiente y los derechos de la población. Respetamos los resultados de la consulta celebrada en Baja California. Nuestro deber es mantener el equilibrio entre mercado, Estado y sociedad.
Dijo también que, de ser necesario, se reuniría con representantes empresariales para explicar que se debe respetar la decisión de la gente, además de asegurar que no están en contra de la inversión extranjera, por lo que el gobierno buscará la forma de otorgarles facilidades, si así lo desean, de poner la planta en otras regiones donde haya agua.
