Guillermo Arroyo
Experto del Instituto para la Prevención del Delito de la ONU
Una reforma penitenciaria no debe plantearse sólo desde el Estado, sino con participación social.
Es un reto enorme desarrollar prisiones con mayores niveles de innovación y vínculo social. Para esto se requieren muchos modelos de interacción, y ahí es donde pueden participar sectores privados.
Es necesario que las prisiones aprendan este proceso de apertura, y faciliten la participación de empresas privadas y de la sociedad civil para luchar contra la corrupción y aumentar el nivel de reinserción.
Pero la participación privada se dificulta en función de qué tan profundo llega en la gestión penitenciaria. Ha habido experiencias en las que no se cumplieron los marcos legales nacionales e internacionales de pago de salarios mínimos o respeto de las condiciones laborales.
Hay fallas que se cometen porque, en un inicio, se ofrecen niveles de eficiencia que muchas empresas reducen al pasar el tiempo.
También hemos visto que cuando a las firmas involucradas se le gestionan sanciones por faltas cometidas, esas sanciones tienden a ser ubicadas en la parte de los costos y no de las ganancias, lo que deteriora el servicio.
Incluso los edificios que, supuestamente, volverán a ser públicos no se devuelven en las mismas condiciones.
Además, los procesos mixtos de producción solo se dan en cárceles y no ofrecen alternativas de incorporación externa para el interno.
Conozco pocas experiencias en que las empresas hagan un seguimiento del interno basta su reincorporación laboral en Chile, Salvador o Costa Rica, pero no es común.
En todos los casos, quien más sale ganando es la iniciativa privada, porque no existe un interés social fuerte por las prisiones. Es un medio que está bastante aislado y cercenado de la dinámica social.
Para el Estado, es un engaño que los costos disminuyan, más bien se mantienen altos y comienza a haber una peligrosa diferenciación entre cárceles concesionadas y de administración pública. Así, se termina con un servicio de gestión privada igual o de menor calidad.
Las ganancias son para la empresa, al Estado lo que le genera es una mano de obra ocupada.
Pese a esto, sí hemos visto gente del sector privado con perspectiva social, que obtiene su ganancia pero equilibrándola con beneficios para los internos. Una reforma penitenciaria no debe plantearse sólo desde el Estado, sino con la mayor participación social posible. No es sólo una cuestión de buena fe.
Fernando Yunes
Senador y Secretario de la Comisión de Seguridad pública
Este esquema no debilita al Estado, que busca una manera novedosa de reintegrar a los internos.
Tener una legislación que permita este tipo de esquemas puede hacer más sencilla la reinserción social y la vida en los centros penitenciarios. Hay internos que no quieren seguir delinquiendo y que tienen en este sistema una alternativa que hoy no existe en el Estado mexicano.
Los programas de seguimiento de la capacitación, trabajo y reinserción son uno de los retos del anteproyecto de ley nacional de ejecución penal. En primer lugar, ver quiénes pueden participar en estos esquemas de trabajo y reinserción. Las empresas deben cumplir ciertas responsabilidades para participar, pero se le va a dar la facultad al sistema penitenciario nacional de celebrar convenios con cámaras nacionales o internacionales que ofrezcan actividades productivas.
Se tiene que generar un marco jurídico para este esquema, porque actualmente es imposible darle seguimiento a todas las personas que salen del sistema penitenciario. La reforma al sistema penitenciario y el sistema de cooperación van en este sentido, generar otro tipo de condiciones que permitan que la reinserción social sea una realidad.
En este caso, el Estado tendrá la obligación de proporcionar las garantías laborales a los internos: seguro de gastos médicos, por accidente de trabajo y licencias. No podemos permitir esquemas como los de países poco desarrollados, en donde estas personas realizan un trabajo casi de esclavitud.
Este modelo le dará una visión de futuro a quien cumple una condena. Le permite reintegrarse, le da herramientas para reinsertarse en la vida social y productiva, ayuda a la manutención de sus familias y le brinda la oportunidad de generar ahorros.
Otro de los beneficios es que una vez que aprenden un oficio, estructuran su tiempo, lo que genera autodisciplina y otras pautas que forman un círculo virtuoso.
Este nuevo esquema, sin duda, abrirá un nuevo mercado y da la posibilidad a empresas nacionales e internacionales de acceder a un recurso humano que muchas veces es escaso. Esta mano de obra podría laborar en cuestiones de manufactura, aunque en otros lugares se ocupan incluso para tareas más sofisticadas.
Finalmente, no se debilita al Estado. Me parece que, con este esquema, toma una postura más moderna. No cede la protección de los centros penitenciarios, sino que busca una manera novedosa para reintegrar a estas personas.
ICA
Dirección de concesiones
Que el Estado se dedique a lo suyo y que un experto se encargue de hacer lo que puede hacer mejor.
Uno de los espíritus de desarrollar los contratos de prestación de servicios (CPS) para los centros penitenciarios es que el Estado se encargue de lo que debe hacer por mandato constitucional la reinserción del interno y deje a la iniciativa privada la prestación de los servicios auxiliares a esa operación.
La rehabilitación del interno, además de hacerse con educación, capacitación, salud, trabajo y deporte, tiene que ver con seguridad, operatividad y comprensión jurídica. Que el Estado se dedique a lo suyo y que un experto se encargue de lo que puede hacer de mejor manera que el Estado.
ICA está trabajando bajo CPS integrales de capacidad penitenciaria, es decir, el diseño, la construcción, el equipamiento, la puesta en marcha, la provisión de insumos y la prestación de servicios auxiliares para la operación de las instalaciones a 20 años hasta 2032.
Estos contratos son información reservada por seguridad nacional, por lo que hay información que no podemos revelar, pero todos los servicios que damos son auxiliares a la operatividad, como mantenimiento, limpieza y proveer uniformes.
Lejos de ver que nuestra participación sea una carga o un obstáculo para el Estado, considero que es todo lo contrario. En las instalaciones manejadas por el Estado tienen a un proveedor de lavandería, otro de calzado y otro de alimentos, tres con quienes lidiar. En este caso, es un servicio integral de capacidad penitenciaria con una sola empresa.
Estos proyectos nacieron en el sexenio anterior por el déficit de espacios para atender a internos del fuero federal, lo que sigue existiendo. El único mecanismo que le dio viabilidad a esta generación de espacios fue éste, buscar inversionistas que pudieran desarrollar los proyectos y cumplir con los estándares y especificaciones de la autoridad.
Estos contratos representan la primera ocasión en que la iniciativa privada recibe una cantidad de servicios tan importante en la historia del pais. El camino ha sido de mutuo aprendizaje, de ellos, para aprender a trabajar con la IP, y nosotros, para adaptarnos a sus protocolos.
Desconocemos qué nichos busque la autoridad a futuro, pero lo deseable seria producir los insumas para los internos y las autoridades. Lo que no veo en el mediano plazo es que la seguridad la asuma la iniciativa privada en México, como ocurre en Estados Unidos.
Fuente: GÓMEZ-HARO, Andrés. Cárceles privadas ¿negocio o necesidad? Expansión, noviembre – diciembre 2015, p. 42-44.
