Tres cadenas de supermercados fueron multadas por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) se refirió al fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por colusión en la venta de carne de pollo, asegurando que condenan «tajantemente, como siempre lo ha hecho, actos que afecten la libertad de los mercados y el bienestar de los consumidores».
El organismo, mediante un comunicado comentó que «debido a diversos casos que ocurrieron en el pasado, como país hemos aprendido la lección por lo que actualmente tenemos una normativa moderna que impone mayores sanciones y a su vez, contamos con instituciones más robustas».
Por su parte, el TDLC tomó en cuenta la acusación realizada en 2016 por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) donde se afirmó que Cencosud, Walmart Chile y SMU mantuvieron entre 2008 y 2011 un acuerdo para fijar precios mínimos de venta de este tipo de carne.
Por tal razón, el tribunal determinó aplicar una multa a las tres firmas que asciende a más de $8 mil millones.
La CNC sostuvo que «respetará el debido funcionamiento de las instituciones, por lo que esperaremos a que se resuelvan todas las instancias pendientes de tramitación previo a pronunciarnos sobre el fondo del asunto».
Además, reconoció el «esfuerzo que hacen constantemente las empresas con objeto de cumplir de mejor manera con los más altos estándares en materia de buenas prácticas (…) Lo anterior nos ha permitido tener mercados más abiertos y competitivos, que hacen cada vez más improbable que ocurran hechos que atenten contra los mercados y la confianza de los consumidores».
Por último, la Cámara de Comercio aseguró que continuará «aportando para avanzar» en esta línea, «mediante la capacitación a las empresas nacionales así como colaborando en las discusiones de políticas públicas.
Según la FNE los supermercados estaban impedidos de vender carne de pollo por debajo del precio de lista mayorista más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y que la coordinación ocurrió a través de sus proveedores.
De acuerdo con la fiscalía, las cadenas adhirieron conscientemente a un esquema común que sustituyó los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas.
Cencosud, SMU y Walmart concentraban en Chile el 92,5% de la industria de los supermercados al cierre del 2011 a través de las marcas Jumbo y Santa Isabel; Unimarc, Bigger, Mayorista 10, Maxi Ahorro, Alvi, Dipac y Comer; Hipermercado Lider, Lider Express, SuperBodega aCuenta y Ekono.
Este mecanismo quedó al descubierto en el marco de la investigación realizada en el denominado «caso pollos», en el cual las avícolas Agrosuper, Don Pollo y Ariztía fueron condenadas en octubre de 2015 por la Corte Suprema a multas que alcanzaron unos 55 millones de dólares de la época.
Es importante señalar que tras la sentencia, el plazo máximo que tienen las partes para presentar la apelación ante la Corte Suprema por la sentencia es de 10 días hábiles.
Para Felipe Larraín, el ministro de Hacienda, la colusión es un daño a la economía y en particular, les hace más daño a los más vulnerables. «Nos parecen muy condenables todas las prácticas de colusión».
En medio de la entrevista que dio a El Mercurio, fue consultado por la visión negativa que se podría tener contra el sector privado por este tipo de actos.
Al respecto, contestó que la visión negativa está “sin duda, pero para eso está la institucionalidad de la defensa de la libre competencia, justamente para que en los casos y con las instancias judiciales que correspondan y donde haya culpas, que se sancione fuertemente estos casos de colusión”.
“Efectivamente, esto atenta contra la credibilidad del sistema y, además, ocasiona un daño. La economía de mercado tiene que funcionar libremente y la colusión es un daño al funcionamiento de la economía y un daño a los más vulnerables”.
