Multas que van de los mil 200 a los casi dos mil 300 pesos o arresto de 25 a 36 horas a quienes desperdicien agua, es lo que permitirá la aprobación de las reformas a la Ley de Cultura Cívica, realizada ayer por diputados locales.
Durante el segundo día de sesiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se acordó un dictamen a través del cual se busca elevar las sanciones para disminuir el desperdicio.
También se aprobaron sanciones administrativas a quienes destruyan o talen árboles, tanto en los bosques como en terrenos particulares y cuando se encuentren a menos de 60 metros de los manatiales que nazcan en cerros, lomas, colinas, etcétera, y no los repongan.
En la orden del día de la sesión extraordinaria figuraba también la discusión del tema de la reventa, con el propósito de que sean sujetos de arresto inconmutable de 25 a 36 horas las personas que incurran en esta falta.
Hasta las 18:00 horas este asunto no había sido dictaminado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y fue cerca de las ocho de la noche cuando se concretó su aprobación. De esta forma se eliminó la propuesta inicial, de considerar la reventa con un delito de tipo penal y dejarlo como falta administrativa, pero aún se requería su aprobación en el pleno, lo cual no se había dado hasta el cierre de esta edición. Los legisladores aprobaron cambios al Código Civil del Distrito Federal y los programas delegacionales de Desarrollo Urbano de Coyoacán, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.
Además, con la oposición de panistas y perredistas, se votó a favor la iniciativa de reformas a la Norma General de Ordenación para Incentivar la Producción de Vivienda Sustentable de Interés Social y Popular, con la cual se podrán construir inmuebles con más niveles en tres áreas en específico.
Los legisladores aprobaron además la creación del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el DF que supervise las obras y edificaciones que representen riesgo para la ciudadanía.
El fundamento de este organismo es que en la capital apenas el 16% de las edificaciones cumplen con las normas en materia de construcción, como tener un director responsable de obra, y el gobierno local con su escaso personal sólo puede supervisar al 27% de las ellas.
Este tema generó oposición de panistas y algunos perredistas subieran a tribuna para solicitar adecuaciones.
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