Una investigación epidemiológica efectuada por el Instituto Nacional de Salud Pública reveló que alrededor de cada escuela de primaria y secundaria existen por lo menos 8 establecimientos que expenden cigarros, y que en 5 de cada 10 se instalan vendedores ambulantes que venden tabaco suelto, de manera ilegal, a menores de edad a un precio de $2.50 por unidad.
Los resultados obtenidos del estudio Vigilancia Epidemiológica, de las estrategias de control de los productos de tabaco y de cumplimiento de la Ley General de Control del Tabaco, que se aplicó en 257 instituciones educativas, también se detalla que en dichas tiendas formales se colocan las cajetillas de cigarros a la vista de los menores de edad, inclusive a la mano, y sólo en 3 de cada 10 se colocaron letreros de prohibición a menores de edad.
Inclusive, la industria tabacalera organiza en vitrinas, por colores y marcas, en lugares privilegiados, sus productos en tiendas como Oxxo, que han proliferado de manera significativa en el país.
Luz Myriam Reynales Shigematsu, quien presentó los resultados de dicha investigación nacional, efectuada por el INSP y el Instituto Johns Hopkins Bloomberg, explicó que otros de los resultados obtenidos es que las mujeres forman parte de los grupos más susceptibles de fumar a temprana edad.
En Campeche, Morelia, Toluca, La Paz y Oaxaca, por ejemplo, las adolescentes fuman más que los varones, y lo lamentable es que en el corto plazo sufrirán todo tipo de cánceres, el más común el cervicouterino.
A nivel de educación superior, precisó, los estudiantes de medicina y de odontología, paradójicamente, son de los que más fuman con respecto a otras facultades del país, con un promedio de 33.3 y 43.6 por ciento, respectivamente.
En México, en términos generales, existen más de 3 millones 818 mil mujeres fumadoras de todas las edades, ubicándose, en el lugar 14 a nivel mundial.
Para Reynales Shigematsu es claro que, a un año de la Ley General del Control del Tabaco, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios no ha hecho algo para firmar acuerdos secretariales con los estados, para que éstos tengan la facultad de sancionar, imponer multas o clausurar a los establecimientos o al ambulantaje que vende cigarros sueltos o cajetillas a menores de edad.
Milenio; Tendencias, p 30.
