A través de la expedición de un certificado, el sector empresarial busca autorregularse para combatir las prácticas corruptas.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), junto con el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y la International Chamber of Commerce México, iniciaron un programa de promoción, capacitación y certificación de empresas en combate a la corrupción, lo cual es independiente a la aprobación de la Ley 3de3.
De manera paralela, el sector privado inició mesas de trabajo para el diseño de políticas públicas en conjunto con la Secretaría de la Función Pública.
«La ley (3de3) como quedaría es que las empresas seguirían teniendo graves consecuencias si no cumplen con un código de ética e integridad en el trato que tengan con el Gobierno y los servicios. Los funcionarios de las empresas serían castigados al mismo nivel que los funcionarios públicos», dijo Castañón en entrevista.
Esta iniciativa, describió, es como el inicio de una cultura de certificación en el País, donde cualquier pequeña o mediana empresa que quiera ser proveedor del Gobierno puede tomar la capacitación para obtener el distintivo.
«Esto genera confianza en los clientes, al contar con distintos tipos de certificados de calidad en sus procesos, además de un certificado que acredita la moralidad con la que operan. Este acreditamiento los protege ante posibilidades que pudiera existir una insinuación de corrupción», externó Castañón.
Fuente: Reforma
