La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) de respaldar la inclusión de todos los vuelos que aterricen o despeguen en Europa en el comercio de emisiones de CO2, que obligará a las aerolíneas, incluidas las de fuera de la UE, a pagar por sus emisiones a partir del 1 de enero próximo, amenaza con provocar una guerra comercial entre Europa, por un lado, y Estados Unidos, China e India, por otro.
La reacción en Pekín al dictamen del tribunal, el pasado miércoles, ha sido muy crítica. La prensa oficial ha advertido sobre la posibilidad de un conflicto comercial, y el Ministerio de Exteriores ha instado a la Unión a mantener nuevas conversaciones. La agencia oficial Xinhua ha asegurado que la medida “infringe la soberanía nacional, viola los tratados de aviación internacionales y conducirá a una batalla comercial” en el sector.
Asegura que “el plan es injusto porque carece de reconocimiento internacional y de apoyo a la ley, e ignora los esfuerzos de otros países, en particular de los países en desarrollo, para hacer frente a las emisiones de la aviación”. “Es una barrera comercial en nombre de la protección medioambiental y asestará un golpe a los beneficios de los pasajeros y la industria de las aerolíneas internacionales. Será difícil evitar una guerra comercial”, ha señalado Xinhua.
El Ministerio de Exteriores ha mostrado también su decidido rechazo a la legislación europea, aunque lo ha hecho de una forma más mesurada. “China ha expresado su posición a la UE muchas veces: que nos oponemos a que el lado europeo imponga de forma unilateral” la tasa de emisiones a las aerolíneas, dijo este jueves Liu Weimin, portavoz de Exteriores. “De hecho, muchos países han manifestado su oposición al plan de la UE, y esperamos que el lado europeo actúe con prudencia y adopte una actitud activa y práctica para consultar de forma adecuada con todas las partes, incluida China, con objeto de abordar el asunto”.
El tribunal europeo dictaminó en contra de un grupo de aerolíneas estadounidenses y canadienses que denunciaron la medida porque, según dicen, incumple varios convenios internacionales —entre ellos, el Protocolo de Kioto—, supone un gravamen encubierto al combustible y vulnera el derecho internacional porque aplica el régimen de derechos de emisión —que las aerolíneas deberán comprar y entregar por sus vuelos con origen o destino en aeropuertos europeos— más allá de las fronteras de la UE.
El Tribunal de Justicia sentenció que la medida europea es válida, y que “no infringe ni los principios de la ley internacional habitual en cuestión ni el Acuerdo de Cielos Abiertos”, que cubre los vuelos transatlánticos.
La Asociación de Transporte Aéreo China (CATA, en sus siglas inglesas) instó este mes a las compañías de su país a que se nieguen a participar en el plan. La organización afirma que la medida costará a las transportistas chinas 800 millones de yuanes (97 millones de euros) el primer año, y más del triple para 2020. La tasa afectaría a todas las grandes aerolíneas del país asiático, incluidas Air China, China Eastern y China Southern.
La prensa local asegura que el subsecretario de CATA, Chai Haibo, ha instado a diferentes departamentos del Gobierno a que tomen “contramedidas comerciales” contra la UE. Según algunas informaciones, China bloqueó este año un pedido de Hong Kong Airlines de aviones del consorcio europeo Airbus, cifrado en miles de millones de euros, en respuesta al plan europeo para tasar las emisiones aéreas.
La UE creó en 2003 un sistema de comercio de emisiones de dióxido de carbono para todos los grandes sectores industriales salvo para aerolíneas y transporte marítimo, a la espera de que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) pusiera un tope a la contaminación por CO2. Tras años de espera, Bruselas ha decidido tomar la iniciativa en un paso unilateral en la política contra el cambio climático. La medida, que también ha puesto en pie de guerra a EE UU, afectará a las aerolíneas y, de rebote, a los viajeros. Las compañías la repercutirán en el precio del billete; entre dos y doce euros según la Comisión Europea.
Fuente: Sociedad.elpais.com
Por: José Reinoso
Publicada: 23 de diciembre de 2011.
