Los legisladores chinos aprobaron este lunes una nueva ley para cobrar un impuesto a quienes contaminen, en particular a la industria pesada, para contrarrestar los altos niveles de la contaminación atmosférica, un grave problema en China.
Desde hace años, numerosas ciudades, entre ellas Beijing, la capital, registran unos niveles de contaminación que ocupan los primeros puestos a nivel mundial y supone una seria amenaza para la salud de más de 100 millones de personas.
Los altos niveles de contaminación son alarmantes desde hace semanas en al menos 50 ciudades del sur y noreste del país, donde se ha decretado la alerta roja.
La Ley de Impuesto Ambiental fue aprobada este lunes al final de la reunión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN), informó la agencia china de noticias Xinhua.
La ley entrará en vigor el 1 de enero del 2018 y será clave para combatir la contaminación, destacó el director del departamento de política fiscal del Ministerio de Hacienda, Wang Jianfan.
China ha cobrado una “cuota de descarga de contaminantes” desde 1979. En 2015, recaudó 17 mil 300 millones de yuanes (cerca de 2 mil 500 millones de dólares) de cerca de 280 mil empresas, indicó Wang.
Sin embargo, algunos gobiernos locales explotan los vacíos y exentan a empresas que de otra forma serían grandes contribuyentes de ingresos fiscales. Durante años, los reguladores habían sugerido sustituir el sistema de cuotas con una ley.
“La nueva ley reducirá la injerencia del gobierno”, afirmó Wang en conferencia de prensa.
Asimismo, mejorará la conciencia de los contribuyentes sobre el medio ambiente, obligará a las compañías a modernizar la tecnología y a recurrir a la producción más limpia, agregó.
Bajo la nueva ley, las compañías pagarán impuestos que van de 350 a 11 mil 200 yuanes al mes por ruido, de acuerdo con su nivel de decibelios.
También establece tarifas de 1.2 yuanes a cantidades estipuladas de contaminantes del aire, 1.4 yuanes a contaminantes del agua y un rango de cinco a mil yuanes por cada tonelada de residuos sólidos.
Por ejemplo, los contaminantes pagarán 1.2 yuanes por emisiones de 0.95 kilos de dióxido de azufre y 1.4 yuanes por kilo de demanda química de oxígeno (DQO). El dióxido de carbono (CO2) no está incluido en la lista de gravámenes.
Los gobiernos de nivel provincial pueden elevar las tarifas por contaminación del aire y del agua en hasta 10 veces después de la aprobación de las asambleas populares. Tasas más bajas también podrían ser aplicables si la emisión es menor a los estándares nacionales.
La ley sólo se enfoca en empresas e instituciones públicas que descargan directamente en el medio ambiente los contaminantes incluidos en la lista.
La sanción por evasión o fraude no está especificada, pero los infractores serán considerados responsables de acuerdo con la ley sobre administración de impuestos y con la ley ambiental.
Como aún queda más de un año para que la ley entre en vigor, Wang dijo que las autoridades harán preparativos, incluida la redacción de un reglamento, para implementar la ley.
Los ingresos fiscales serán canalizados a los gobiernos locales que no verán reducida su capacidad para gastar en protección del medio ambiente.
Fuente: Aristegui
