Human Rights Watch (HRW) ha denunciado un aumento de las «desapariciones forzadas» de disidentes en el último año, cuando cientos de activistas e intelectuales han sido detenidos, acosados y torturados por el régimen para atajar una ‘Primavera Árabe’.
Las «desapariciones forzadas», detenciones sin orden legal en lugares no desvelados, que practican las agencias de seguridad del gobierno chino han aumentado como una forma de silenciar lo que el régimen considera posturas disidentes, informaron miembros de HRW en una conferencia de prensa en Hong Kong. En lugar de solucionar esta práctica, el Gobierno está tratando de legalizar las «desapariciones forzadas» mediante una revisión de la Ley de Delitos Penales, lo que viola el derecho internacional, señaló la directora de HRW para China, Sophie Richardson.
«El Gobierno de China ha ignorado o aprobado tácitamente la propensión de las agencias de seguridad a recurrir a las desapariciones forzadas o a las ‘cárceles negras’ (prisiones ilegales), señaló Richardson. Según el derecho internacional, un Estado comete desapariciones forzadas cuando sus agentes ponen bajo custodia a una persona y no informan sobre su paradero a familiares ni abogados, de manera que el retenido está expuesto a riesgos tales como torturas.
Desde noviembre de 2009, esta ONG ha documentado miles de desapariciones forzadas de campesinos que demandan abusos de las autoridades, que son confinados de forma masiva en «cárceles negras», donde son víctimas de abusos físicos y psicológicos y extorsiones. Estas cárceles ilegales siguen existiendo dos años después tanto en Pekín como en otras grandes ciudades de la segunda potencia económica.
Entre los miles de víctimas de estas detenciones ilegales se cuentan no sólo los críticos contra el régimen de partido único chino, sino también miembros de minorías étnicas como la tibetana o la uigur, en la región occidental de Xinjiang. En estas regiones se han registrado conflictos étnicos desde 2008 debido a las políticas represivas de Pekín, según denuncian estos grupos, y el gobierno chino niega el acceso a las agencias de Naciones Unidas para verificar la situación de estas minorías.
Estas mismas detenciones y prisiones ilegales han sido usadas contra cientos de activistas, blogueros, intelectuales y abogados desde principios de este año, entre ellos el artista Ai Weiwei, cuya detención el 3 de abril durante 81 días fue condenada por la comunidad internacional, cuya presión facilitó su liberación. HRW explicó que muchos de estos activistas permanecen desaparecidos, y en algunos casos han denunciado torturas, como el caso del abogado Liu Shihui, obligado a firmar «confesiones» falsas tras recibir amenazas y torturas.
Fuente: Elmundo.es
Publicar: 10 de noviembre de 2011.
