El primer ministro de Reino Unido, Gordon Brown, censura la ejecución y expresa su «decepción» con las autoridades chinas
De nada sirvieron las peticiones desesperadas de clemencia de sus familiares. De nada sirvieron las intermediaciones del primer ministro británico, Gordon Brown. De nada sirvieron las alegaciones de sus abogados de que padecía una enfermedad mental. El Gobierno chino se ha mostrado inmisericorde y ha rechazado paralizar la aplicación de la sentencia máxima.
Akmal Shaikh, un ciudadano británico de 53 años, ha sido ejecutado hoy por narcotráfico. Se trata del primer europeo al que se aplica la pena capital en China desde 1951, según la organización no gubernamental contra la pena de muerte Reprieve, que ha proporcionado apoyo legal a la familia.
El ajusticiamiento ha provocado el rechazo frontal del Londres y las organizaciones de derechos humanos, que han intentado en vano la revisión del veredicto desde que fue dictado hace más de un año y han criticado que no haya sido tenida en cuenta la salud mental de Shaikh.
«Condeno la ejecución de Akmal Shaikh de la forma más contundente, y estoy horrorizado y decepcionado por que nuestras continuas peticiones de clemencia no hayan sido atendidas. Estoy particularmente afectado por que no se [le] haya realizado una evaluación mental [durante el juicio]», ha declarado en un comunicado un enojado Brown.
Choque entre Pekín y Londres
Pekín no se ha inmutado. «Nadie tiene derecho a hablar mal de la soberanía judicial china. Manifestamos nuestro gran descontento y total oposición a las acusaciones sin fundamento británicas», ha dicho Jiang Yu, la portavoz de Exteriores. «Esperamos que el lado británico pueda ver este asunto de forma racional y no cree nuevos obstáculos en las relaciones bilaterales. Este es un caso criminal aislado sin relación con otros asuntos».
Shaikh fue detenido en septiembre de 2007 en el aeropuerto de Urumqi, capital de la región autónoma de Xinjiang, con cuatro kilos de heroína. Había volado desde Tayikistán. Reprieve asegura que fue engañado por una banda de criminales para que transportara la droga en una maleta, de la cual él declaró que desconocía el contenido, bajo la promesa de que le ayudarían a emprender una carrera en el mundo de la música pop.
La organización afirma que Shaikh de ascendencia paquistaní y con cinco hijos padecía desorden bipolar, una enfermedad maniaco depresiva, y vivía un delirio cuando creyó que iba a China a grabar un disco que promovería la paz mundial.
Según Reprieve, dos ciudadanos británicos, Paul Newberry y Gareth Saunders, afirman que ayudaron a Shaikh a grabar una canción en Polonia. «Sufría claramente una falsa ilusión y a mí me pareció que era un caso maniaco depresivo particularmente grave», señaló Newberry.
El Tribunal Supremo chino argumentó, sin embargo, que las pruebas aportadas por la parte británica sobre la salud del reo eran «insuficientes», y justificó el empleo del castigo máximo como disuasorio.
«El uso de la pena capital para crímenes graves y que suponen una amenaza relacionados con las drogas es beneficioso para infundir miedo y prevenir el narcotráfico», señaló el tribunal. Pekín asegura que los derechos del detenido fueron garantizados en todo momento. Akmal fue informado el lunes de que la sentencia iba a ser aplicada al día siguiente por dos primos que le visitaron en Urumqi.
La ejecución ha tenido lugar en plenas fiestas navideñas, al igual que la condena a 11 años de cárcel, el viernes pasado, del principal disidente chino, Liu Xiaobo, por sus peticiones de reformas democráticas; fechas que parecen haber sido cuidadosamente elegidas por Pekín para minimizar el impacto de ambas noticias en la opinión pública internacional.
Con su impasibilidad ante las peticiones de clemencia en el primer caso y de liberación, en el segundo, el Gobierno ha querido mostrar que no admite presiones exteriores sobre la ecuanimidad de su sistema judicial y lo que considera asuntos internos.
Pero al mismo tiempo es consciente del daño potencial que ambos casos suponen para su imagen internacional, y ahí puede residir la razón de que haya decidido llevarlos adelante en unas fechas en que sabe que tienen menos repercusión en Occidente.
«La muerte de Akmal Shaikh es una triste acusación del mundo hoy, y particularmente del sistema legal chino (…) En Reprieve, estamos asqueados por lo que hemos visto en este caso», ha dicho Sally Rowen, responsable legal del equipo sobre la pena de muerte de esta organización.
Al menos 1.718 personas fueron enviadas al patíbulo el año pasado en China, según la organización de derechos humanos Amnistía Internacional. La fundación estadounidense Dui Hua estima que el número de ajusticiados fue de 6.000, según datos recabados entre funcionarios locales. La cifra real se desconoce, ya que Pekín la considera secreto de Estado.
