CO2, compromisos y reformas

Mientras nuestros políticos se miran fijamente el ombligo tartamudeando: “Las reformas no pasarán”, hace unos días el gobierno notificó oficialmente a la ONU su compromiso de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) -30% hacia el 2020, en cumplimiento del Acuerdo de Copenhague.

EL compromiso pasó desapercibido, nadie lo ha visto, y pocos tal vez lo entienden. Sin embargo, por sí mismo tendrá la capacidad de sacudir y remodelar muchas de nuestras anquilosadas querencias ideológicas; será motivación y argumento a favor de reformas hasta ahora imposibles.

A pesar nuestro, pronto tendremos que reconocer y debatir el alcance histórico de este compromiso, antes y después de la COP16 (Cumbre de Cambio Climático) que se llevará a cabo en Cancún a finales del año. No es exageración candorosa: será uno de los momentos más relevantes de la Presidencia de Felipe Calderón, y su herencia de mayor significado.

Las emisiones mexicanas de GEI provienen esencialmente del consumo de gasolina, generación de electricidad, deforestación, y de Pemex, en ese orden. Estos sectores representan juntos alrededor de 70% del total. Por fuerza, el compromiso anunciado por México debe centrarse en ellos, y no hay más que tres instrumentos para lograrlo:

1. Eliminar subsidios y establecer un carbon tax a los combustibles automotrices, junto con regulaciones sobre el rendimiento energético de los vehículos para eliminar así a SUVs de pésimo gusto y generalizar auto pequeños y eficientes, híbridos y eléctricos.

2. Inversiones privadas cuantiosas en generación distribuida de electricidad de origen renovable, y en eficiencia energética en el sector de hidrocarburos.

3. Contratos y pagos a gran escala por deforestación evitada y captura de carbono (REDD+) a propietarios de tierras.

Sus implicaciones son desquiciantes del imaginario nacional, y van a sacudir la modorra ideológica de partidos y legisladores. El subsidio a los combustibles acariciado por nuestros inefables demagogos no podrá sostenerse, y se desdoblará como carbon tax en el contexto de una verdadera reforma fiscal. El sector eléctrico tendrá que abrirse a la inversión privada, los subsidios al consumo doméstico serán cuestionados y removidos, el monopolio será puesto contra la pared y la red interconectada junto con el servicio público de electricidad habrá de adquirir una nueva inteligencia para acoger eficientemente a una multiplicidad de fuentes renovables.

El campo mexicano adoptará una nueva vocación irreconocible por nuestra memoria campesina. Muchas tierras producirán bienes públicos globales beneficiando a sus propietarios a través de contratos de captura de carbono y de conservación de bosques, que dejarán de ser quemados y destruidos al abandonarse una improductiva agricultura y ganadería.

Pemex tendrá que franquearse a la inversión privada en proyectos de eficiencia energética, cogeneración y recuperación de gas. Lo veremos.