Rodrigo Anzola, director legal y de relaciones institucionales de Coca-Cola FEMSA (KOF) de Venezuela, dijo que la compañía no comprometerá la viabilidad financiera de sus operaciones ante el conflicto laboral que se vive en aquel país, y que inició el viernes pasado con el paro de operaciones en la planta ubicada en la ciudad de Valencia.
En entrevista con El Universal, Anzola explicó que si bien existe un clima cordial en las negociaciones, la empresa debe preservar su viabilidad financiera.
“No comprometeremos la viabilidad financiera de la empresa”, dijo Anzola.
El directivo comentó que a la fecha, las autoridades venezolanas, a través del ministerio del trabajo, intervienen en la mesa de negociaciones como mediadores en el conflicto que hoy cumple casi una semana de paro.
“Nosotros no vamos a negociar principios”, insistió el directivo, quien añadió que la planta en la ciudad de Valencia abastece 50% del volumen total en el mercado de venezolano, y da empleo a más de mil 300 personas.
Rodrigo Anzola declinó comentar el impacto económico que generó el paro de labores en la planta para la controladora en México, FEMSA.
El mercado venezolano cuenta con una población de 28.4 millones de habitantes y KOF distribuye sus productos en 211.7 mil millones de puntos de venta; en Venezuela el consumo per cápita se ubica en 174 porciones de ocho onzas, y en México el consumo de refrescos se ubica en 436 porciones de ocho onzas.
El tercer mercado para FEMSA
Al final de 2009, Venezuela se ubicó como el tercer mercado más relevante para la controladora FEMSA, con ingresos de 22 mil 430 millones de pesos, cifra menor a lo contabilizado por los mercados de México y Latinoamérica centro.
De acuerdo con el último informe anual de KOF, la compañía informó a los inversionistas que en enero de 2010 el gobierno venezolano reformó la Ley para la Defensa y Acceso a las Personas a los Bienes y Servicios. Según la empresa, cualquier violación de una compañía que produce, distribuye y vende bienes y servicios podría acarrearle multas, penas o la confiscación de los activos utilizados para producir, distribuir o vender estos bienes, sin compensación alguna.
“A pesar de que consideramos que cumplimos con esta ley, la legislación para la protección de los consumidores en Venezuela está sujeta a continuas revisiones y reformas, las cuales podrían tener un impacto adverso sobre nosotros”, advirtió KOF en el reporte.
Fuente: El Universal, Cartera, p. B8.
Reportero: Ramiro Alonso.
Publicada: 21 de enero de 2010.
