En los últimos años, México ha emitido leyes, creado organismos y firmado convenios internacionales contra la discriminación laboral, en un esfuerzo que sólo ha quedado en el papel, según abogados laborales.
Los especialistas aseguran que el marco legal está incompleto, no se ha puesto en práctica y los juzgados no están acostumbrados a dirimir este tipo de demandas.
Por ejemplo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, creada en 2003, define como discriminación a todo tipo de distinción, exclusión o restricción basada en origen étnico o nacional; sexo, edad, discapacidad, condición social y económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, preferencias sexuales, estado civil y opiniones.
Sin embargo, esta ley va dirigida a los órganos públicos y autoridades federales, por lo que no sirve para defenderse en los tribunales laborales de las prácticas que cometan empleadores particulares, explica Óscar de la Vega, socio consultor de Basham, Ringe y Correa.
Sobre los convenios internacionales firmados por México, hay varios ejemplos en favor de los discapacitados, la mujer o grupos étnicos, pero ninguna ha sido apoyada con una legislación, comentan.
Reforma, Negocios, p. 3 Lunes 29 de septiembre de 2008