La Comisión Europea (CE) propuso ayer reformar su sistema fiscal para combustibles de automoción y calefacción y vincularlo a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y al consumo energético, de manera que se penalice a los carburantes más contaminantes.
La medida pretende contribuir a la lucha contra el cambio climático y actualizar el sistema vigente, que favorece a los combustibles fósiles frente a las renovables, en especial al carbón.
“Es absurdo”, resumió en rueda de prensa el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, al referirse a la situación actual en la que se tasa el trabajo y, no en la misma medida, la energía que es contaminante.
La CE pretende introducir una tasa de 20 euros por tonelada de CO2 y otra vinculada al consumo energético: 9.60 euros por gigajulio (GJ) para carburantes de motor y 15 céntimos de euro por GJ para combustibles de calefacción.
Esa modificación elevará el umbral mínimo de tasación exigido en la UE para el diesel de los 330 euros por cada mil litros en la actualidad hasta los 412 euros en 2018, mientras que para la gasolina permanecerá alrededor de los 359 euros actuales.
También subirán el mínimo de tasación para el keroseno (de 330 a 386 euros por cada mil litros), el gas natural (de 2.6 a 10.8 euros) y el gas LP (de 125 a 501 euros).
La propuesta, que debe ser aprobada por unanimidad de los Veintisiete, tiene pocas posibilidades de salir adelante, al menos en su formato actual, después de la oposición a la misma que ya han adelantado países como Alemania.
Ha provocado, no obstante, cierta alarma en la industria, que asegura que se traducirá en una subida de precios y perjudicará la venta de automóviles diesel.
Bruselas, en cambio, insiste en que en la práctica el impacto no será drástico porque la mayoría de los países de la Unión Europea ya superan los umbrales mínimos para 2018. Los estados miembros que más acusarían el cambio son los del este de Europa.
La CE incide asimismo en que, a pesar de que la medida está previsto que entre en vigor en 2013, se concederá un amplio periodo de transición hasta 2018 para respetar los umbrales de tasación mínimos y hasta 2023 para alinear los impuestos de los distintos combustibles.
La medida está pensada para cubrir los sectores que quedan fueran del sistema comunitario de comercio de derechos de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), en el que están incluidas unas 12 mil instalaciones de industrias contaminantes como la papelera o de cemento. No se aplicaría el nuevo sistema a la aviación —que entrará en el ETS en 2012—, al transporte marítimo, ni a la agricultura. Los estados miembros podrían excluir a los combustibles para calefacción de los hogares de la aplicación de esa medida.
Fuente: El Universal.com, Energía
Publicada: 14 de abril de 2011.
