Nunca se negoció con Karen Miyasaki, dice
Blue Oil Trading, la empresa comercializadora de diésel en la costa del Pacífico de América Latina, rechazó haber realizado compras o ventas ilegales del combustible en perjuicio de Petróleos Mexicanos.
Directivos de la empresa señalaron que las actividades comerciales realizadas con PMI se hicieron directamente con la directora gerente del organismo, María del Rocío Cárdenas Zubieta, y no con la subdirectora acusada, Karen Miyasaki Hara.
Incluso, uno de los inculpados por la Secretaría de la Función Pública en las supuestas compras a terceros –Max Becket- ni siquiera está en el área comercial de PMI.
“Blue Oil no tiene operaciones comerciales basadas en México y el diálogo transparente de negocios que sostiene con Petróleos Mexicanos y con PMI ha sido a través de la gerente de este último, la señora Rocío Cárdenas”, detallaron.
Desde Chile, donde manejan una buena parte de sus negocios con los puertos del Pacífico, los directivos de la empresa con sede en Reino Unido dijo a Milenio que Max Becket esposo desde 2007 de Karen Miyasaki Hara, no trabaja en su área comercial.
“El señor Max Becket no tiene, ni ha tenido actividades comerciales como empleado del Grupo Blue Oil en México”, sostuvieron.
Hasta ahora, indicaron no han sido contactados por alguna autoridad mexicana, para pedir informes de su empleado o notificarles que hay una investigación en curso en la que se involucra a la compañía.
Por otra parte, funcionarios de Petróleos Mexicanos, explicaron que las investigaciones del Órgano Interno de Control se hicieron conforme a la normatividad pero los resultados incompletos fueron entregados a la Secretaría de la Función Pública.
Asimismo, informaron que la zona de trabajo de Karen Miyasaki Hara fue cerrada y todos los sistemas electrónicos, así como los dispositivos encontrados, fueron retirados para ser investigados por especialistas.
Oficialmente, la paraestatal reiteró que mantienen una plena colaboración con la Secretaría de la Función Pública y que tienen una investigación sobre las operaciones presuntamente fraudulentas en la compraventa de cargamentos de diésel.
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