Por Leopoldo Lara
Para Pochi y nuestra infancia.
En México existen alrededor de 22 mil organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, 3.6 por cada 10 mil habitantes.
Una cifra aportada por Miguel de la Vega, director de “Alternativas y Capacidades, A.C.” esta semana en Monterrey en la presentación del documento “Fortalecimiento de la Ciudadanía Organizada” que edita esa organización social, referencia vital dentro del colectivo “Fortaleciendo Causas Ciudadanas”.
Siguiendo con los datos del estudio, es posible que el número de asociaciones en México no nos demuestre lo dramático de nuestra situación, lo que sin duda se logra cuando se compara con otros países, como Brasil, en donde son 17 OSC por cada 10 mil habitantes o Argentina donde sube a casi 30 y ni qué decir de Chile en donde son 63 o de plano de Estados Unidos en donde hay 65 asociaciones civiles por cada 10 mil habitantes. Un mundo de diferencia y, por supuesto, de resultados.
Las OSC son consideradas por los países del mundo que han suscrito tratados como la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, como un “actor fundamental para el desarrollo social, las prácticas democráticas y la mejora de las políticas públicas” por lo que la mayoría de los países del mundo las consideran de interés público.
Fortalecer a este sector de la sociedad organizada trae aparejados muchos beneficios para la comunidad: permite una mejor formulación y financiamiento en la prestación de los servicios públicos; la incorporación de actores privados en las acciones públicas de beneficio colectivo; la democratización en la toma de decisiones; la defensa y promoción de los derechos humanos; la transparencia y rendición de cuentas de los presupuestos públicos y privados y la incorporación de empresas en este ejercicio social a través de modelos de organización como el de la responsabilidad social.
Los ejemplos de prácticas exitosas en otros países del mundo que han optado por fortalecer al tercer sector son recurrentes y cada día crecen más.
La pregunta obligada es ¿qué nos pasa en México, cuál es el motivo para que esto no avance?
La primera respuesta es frecuente: nuestra percepción en la que esperamos que el gobierno todo lo resuelva, quien a su vez lleva a cabo prácticas clientelares para desarrollar políticas sociales.
Pero además de ese factor existen otros más duros y a la vez más visibles, como las leyes ineficientes y enfrentadas, dígase la ley de fomento a las organizaciones de la sociedad civil que se antepone a la ley del impuesto sobre la renta cuando describen el objeto de las organizaciones que pueden recibir fondos públicos y privados; una situación fiscal difícil para las OSC al haberse reducido hace algunos años apenas a un 7% de las utilidades de las personas lo que podía ser donado y descontado de sus impuestos; los trámites oscuros y complicados que el propio SAT y las dependencias públicas que “deciden” quién sí y quién no lleva a cabo labores de beneficio colectivo practican día con día; la falta de criterios orientados a fortalecer al tercer sector independiente cuando se trata de otorgar fondos públicos a las OSC (tan sólo en 2012 casi el 50% de los fondos públicos destinados a este sector, alrededor de 3 mil millones de pesos, fueron a parar a manos de organizaciones en las que participan servidores públicos o controladas por el propio gobierno); por la propia falta de profesionalización y transparencia de las OSC lo que limita la confianza que organizaciones donantes tienen hacia ellas; y un ambiente desinteresado y en ocasiones hostil de quienes tienen que ver con la constitución y fortalecimiento interno de estas organizaciones como los notarios, los bancos, las universidades, las barras de abogados y los contadores públicos.
Si estos factores se “mueven” podríamos hablar de otras condiciones para México.
El propio presidente Peña, en su campaña política, hizo propio el compromiso de entrarle, cuando suscribió las propuestas de la Cumbre Ciudadana, hoy conocidas como el #Compromiso96.
Particularmente, lo dijo, “Armonizar y homologar el marco fiscal y demás ordenamientos jurídicos con la Ley de Fomento para facilitar la creación, desarrollo y sostenibilidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil”, especificando que “promovería una simplificación del marco legal para incentivar la creación de más OSC… y la armonización y la homologación del marco normativo que permita a las OSC acceder a los beneficios y donativos de manera más ágil y transparente”.
Por ahora, existe una iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta en los términos del compromiso, propuesta por once Senadores de diversos partidos, aprobada en esa cámara y enviada a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para su dictamen, mismo que aún no se ha dado a pesar de que ha pasado ya la fecha para su preclusión.
Sin esas reformas no puede hablarse que el #Compromiso96 haya sido saneado como parece la condición de muchos compromisos más.
Para mover a México necesitamos comprometernos todos, pero también accionar.
José Leopoldo Lara Puente
Candidato a Doctor por la Universidad Complutense de Madrid, España, Leopoldo Lara Puente es un Notario Público tamaulipeco que se ha distinguido por ser promotor del capital social y del ejercicio de los ciudadanos en las acciones públicas. Fundador de diversas organizaciones de la sociedad civil y empresariales, actualmente es editorialista de un periódico de su localidad, desde donde nos comparte sus propuestas y experiencia ciudadana.
