Con el nuevo régimen ¿habría Fundación Pemex?

Por: Emilio Guerra Díaz

Qué complejo es vislumbrar cuándo desde el gobierno se hacen acciones de carácter filantrópico y diferenciarlas cuándo son obligaciones públicas, o bien, se hace un uso político de los recursos como los que dispone PEMEX. Siempre el manejo de recursos públicos da poder, prebendas y privilegios a los círculos cercanos a la dirigencia.

Como se sabe el gobierno ya ha dado rango de empresa propiedad estatal tanto a Pemex como al Comisión Federal de Electricidad y se vislumbra nueva era en la administración de cada una de ellas. Cada empresa podrá desarrollar aún más su área de responsabilidad social corporativa con un enfoque de empresa privada.

Milenio Diario publicó la semana pasada dos notas informativas sobre la filantropía que PEMEX realizó como empresa paraestatal. En una de ellas se hacen anotaciones con datos que habría que comprobar y que no son materia de crítica o complaciente aceptación en este espacio porque el asunto demanda un gran ejercicio de auditoría con acceso a la información y fuentes primarias, pero en cambio, se pueden advertir los rasgos de la filantropía de PEMEX que permiten reflexionar sobre su actuación en el campo de las donaciones, su asignación, destino, uso, efectividad y su impacto social.

Con la información proporcionada por Milenio se tienen los siguientes rasgos:

PEMEX, o más bien las administraciones en turno, hicieron que la empresa experimentara una gran diversidad de actividades que no necesariamente pueden ser catalogadas como filantrópicas, pues apoyó múltiples causas, giros y eventos; abarcando así gran diversidad de actores sociales. Entonces se tiene el primer rasgo: diversidad y dispersión de recursos.

Entre las actividades que dicha empresa auspició destaca con frecuencia el otorgamiento de donaciones a gobiernos municipales para construcción de infraestructura. El artículo de Milenio propone que uno de los principales propósitos de los ejes de interés para invertir recursos era “mantener la estabilidad”, con ello destinaba donativos para evitar cerrar caminos, obstruir pozos petroleros, apoyar a grupos sociales informales, contener a organizaciones contestarias, etc.

Hace casi un lustro tuve la oportunidad de constatar de viva voz de sus protagonistas en un estado petrolero del sureste que habían encontrado la fórmula de allegarse donativos de PEMEX. Por razones que no vienen al caso reservamos el nombre de ella, pero cuando iban mal las cosas en materia económica a esa organización le bastaba salir a criticar a la petrolera y luego semanas después solicitar un donativo.

De esta manera otro rasgo adicional de esa política de donativos de PEMEX era “politizar los donativos”. Uno de los absurdos que prevaleció hasta hace poco fue la donación en especie. PEMEX regalaba litros y litros de distintos combustibles para actividades marítimas, terrestres y hasta de particulares. Lo más detestable era que el país ya importaba gasolinas y ésta se obsequiaba para mantener tranquilos a grupos contestarios. Esa práctica terminó o disminuyó sustancialmente con el arribo de la actual administración que antes de las reformas mostró voluntad por regular las donaciones pero no ha consolidado ese propósito.

Por la dinámica entre donaciones y beneficiarios se incluían como donativos fondos que no se comportaban como tal, sino más bien como patrocinios o asignación directa, ya que los donativos se dan contra el Impuesto Sobre la Renta. Solo la lista de donatarias autorizadas por la SHCP tienen esa prerrogativa, donde se reconocen además como entidades receptoras de donativo a todas las instancias públicas que entreguen un recibo foliado y que cumpla con los requsitos estipulados en la Ley Federal del ISR. Así, otorgar recursos a un colegio de profesionistas, por ejemplo de ingenieros, no constituye un donativo, pero si a la presidencia municipal.

Pero en esta nueva etapa de empresa gubernamental ¿Qué pasaría si PEMEX tuviese una fundación?, ¿Le ayudaría a la empresa a ordenar sus donaciones? Contaría con algunas herramientas que ayudarían a disminuir la opacidad. He aquí algunas:

Una posible Fundación Pemex tendría que observar el marco legal para entregar donativos, los daría solo a donatarias autorizadas. Así, muchas organizaciones civiles quedarían fuera.

Podría establecer un proceso para la asignación de los recursos, pero tendría que contar con causas alineadas para evitar la dispersión. El campo de intervención más obvio es el cuidado y preservación del medio ambiente. Para asignar recursos el proceso podría incluir la constitución de Consejo Directivo con las responsabilidades que tienen las otras fundaciones. Sin embargo podría combinar la integración de su órgano de gobierno con miembros de la comunidad, de otras empresas, directivos de áreas de negocio estratégicas y por qué no, de representantes de organizaciones filantrópicas.

Para la selección y análisis de los proyectos susceptibles a ser financiados, esa fundación podría constituir varios comités de especialistas. De origen, cada proyecto tendría que incluir sus descriptores y medidores para poder ser financiado. Estos elementos permitirían también tener las pistas adecuadas para evaluar sus resultados. Pasado un tiempo razonable se verificaría el impacto social de cada proyecto.

La posible Fundación PEMEX podría constituir un fondo patrimonial para disminuir las presiones sobre los precios del petróleo que pudieran afectar el presupuesto de inversión social que le asignara el Consejo de Administración. Esto aun cuando es de alto beneficio para una fundación empresarial, la cultura corporativa inhibe asignar con tanta previsión y anticipación recursos económicos para un fideicomiso que resguarde el fondo patrimonial pero contar con él amplía su maniobrabilidad.

En fin, son nuevos tiempos para PEMEX y las modificaciones o adecuaciones que se hagan de la práctica de “filantropía pública” pueden estar mejor delimitadas para evitar desvío de recursos o apoyar a organizaciones que no presenten proyectos viables.

Desde el Consejo Directivo

Habría que encontrar los elementos necesarios para alentar prácticas de auditoria social donde las quejas de los consumidores realmente provoquen una defensa ante arbitrariedades empresariales, dijo el Presidente del Directorio, porque en algunas ocasiones instancias como Profeco pueden ayudar al consumidor, claro luego de pasar un viacrucis.

Esto a propósito de que Empresas como Volaris que en su página en internet tiene una sección de “Sellos de Confianza y Certificados” para ostentar, en la atención al cliente dejan mucho que desear. Miembros del Directorio se han percatado como los trabajadores de tierra regañan a los clientes, los maltratan y les dan trato plegado de soberbia con la actitud “si te parece, sino…” Su actitud muestra que no hay un programa de calidad en atención al cliente. Si a los empleados los tratan mal, obvio que permee esa actitud con los clientes.

Ahora en plena era de la tecnología, Volaris no han desarrollado una aplicación como lo hizo Aeroméxico, que funja como pase de abordar electrónico. Si le mandan un itinerario por correo electrónico en ningún lugar se señala que debe imprimir su pase de lo contrario tendrá que pagar en mostrador 50 pesos para que el operador le busque en su sistema y le asigne su lugar. Si el pasajero llega a minutos de que cierren el vuelo, se ve obligado a pagar este arbitrario “servicio”.

Las preguntas son: ¿Se justifica que Volaris cobre el costo de una rutina que hacen todas las líneas áreas para ingresar pasajeros al vuelo?, ¿Volaris paga impuestos por esos 50 pesos pues solo dan un recibo simple y no una factura?, ¿Cómo justifica el ingreso de dicha cantidad?, ¿Qué hace con los miles de pesos que ingresa con pasajeros a los que prácticamente asalta por esa absurda medida?

Emilio Guerra Díaz

Emilio Guerra cuenta con amplia experiencia en la Gestión de la RSC, destacando su trabajo en el área de vinculación con la comunidad que potenciar la inversión social empresarial. Ha gerenciado fundaciones empresariales.