Los convenios entre fundaciones y el Estado juegan un papel crucial en los gobiernos para promover el desarrollo social. Estas colaboraciones permiten canalizar recursos y conocimientos hacia proyectos de interés público, beneficiando a comunidades y sectores vulnerables.
Sin embargo, el reciente caso de Chile expone desafíos y lecciones en el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas. Estos mecanismos responsables son fundamentales para prevenir prácticas de corrupción y fortalecer la legitimidad de la gobernanza, contribuyendo a la estabilidad política y social del país, de acuerdo con El Comentario.
Lecciones de transparencia: Caso Chile
Recientemente, el presidente chileno, Gabriel Boric, anunció la creación de una comisión para investigar los convenios entre fundaciones y el Estado. Esto se dio luego de revelarse presuntas prácticas de corrupción en una fundación vinculada a un partido político de la coalición gubernamental.
La comisión, compuesta por 6 expertos, trabajará de manera técnica y transversal para investigar prácticas corruptas entre administraciones públicas y entidades privadas sin fines de lucro. El objetivo principal será proponer mecanismos para mejorar la eficacia y transparencia en las colaboraciones entre fundaciones y la administración pública.
«Esta no es una comisión para la foto, no es una comisión cuyo informe y recomendaciones -que nos entregarán en un plazo de 45 días- vayan a quedar guardados en un cajón llenándose de polvo».
Gabriel Boric, Gabriel Boric.
El nuevo organismo estará presidido por María Jaraquemada, directora de la ONG Chile Transparente, y contará con la abogada Valeria Lübbert como secretaria ejecutiva. Además de revisar los procedimientos de control y rendición de cuentas, la comisión generará propuestas para prevenir conflictos de interés y propondrá sanciones en caso de mal uso de los fondos estatales asignados.
Desafíos de gobernanza
El caso chileno de los convenios entre fundaciones y el Estado revela una crisis de gobernanza en América Latina. México ha sido recientemente señalado por su baja calificación en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2023.
El informe destacó la necesidad imperante de que los gobiernos y las empresas establezcan políticas y prácticas anticorrupción sólidas. Asimismo, se enfatiza la importancia de implementar mecanismos de control interno y promover una cultura de integridad en todas las operaciones, en línea con los principios del Pacto Mundial de la ONU.
La baja calificación del país en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción es un llamado de atención y una oportunidad para fortalecer los mecanismos de gobernanza, transparencia y responsabilidad social empresarial.
Urgen cambios en el sistema
Resulta fundamental que las instituciones, gobiernos y empresas combatan la corrupción en todas sus manifestaciones, incluyendo el soborno y la extorsión. La corrupción acarrea graves repercusiones para el desarrollo sostenible de las naciones.
En conclusión, el escándalo de los convenios entre fundaciones y el Estado no es un caso aislado, sino que proporciona valiosas lecciones para los gobiernos y las empresas. Aunque el camino no es sencillo, es posible aprender de los errores y fomentar un aprendizaje continuo en pos de alcanzar mejores resultados. México debe aprovechar estas lecciones para fortalecer sus mecanismos de gobernanza, transparencia y responsabilidad social empresarial.
