La corrupción le cuesta a México 347,000 millones de pesos al año, lo que significa 9% del PIB nacional y de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2015, de Transparencia International (TI), el país ocupa el lugar 95 de 168 países. Ante esta problemática un grupo de ciudadanos, organizaciones y del sector privado presentó la iniciativa ciudadana: Ley 3 de 3, que busca convertirse en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Esta ley, derivada de la iniciativa 3 de 3, obliga a los políticos a presentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, plantea directrices y un marco legal de responsabilidades para la conducta ética esperada de los servidores públicos. Además de que sería una de las dos nuevas leyes que deben crearse a partir de la aprobación de la Reforma Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
“El objetivo es que México consolide una estructura institucional que brinde confianza en la convivencia, certeza jurídica y convivencia pacífica entre los mexicanos. Ninguna de las reformas dará resultados si no tenemos un marco de ley, estado de derecho sólido y certeza en el cumplimiento de la misma”, dijo Juan Pablo Castañon, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
Para lograr que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, impulsada principalmente por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y Transparencia Mexicana, sea tomada en cuenta por el Congreso se necesitan 120,000 firmas.
“La iniciativa 3 de 3 que salió el año pasado, era una forma en que la ciudadanía volviera a creer en la política, una forma de recuperar la dignidad ante los destrozos de la corrupción”, comentó Zoé Robledo, senador por el estado de Chiapas.
El formato para recaudar las 120,000 firmas necesarias para que llegue al congreso la iniciativa de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se encuentra en la página de www.ley3de3.mx. Así mismo, la recepción del formato, ya firmado, se podrá hacer en los establecimientos de Farmacias Similares.
9 puntos para combatir la corrupción
La nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas se sustenta en nueve ejes:
1. La obligación de presentar las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal para todo funcionario, de forma periódica y pública.
2. Directrices para la conducta ética esperada de los servidores públicos.
3. Un marco de responsabilidades único para todo el país y los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos.
4. Medidas preventivas basadas en las mejores prácticas internacionales y sanciones para evitar que el sector privado participe de actos de corrupción.
5. Mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima.
6. Una clasificación de los 10 actos de corrupción grave: soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencia, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.
7. Dotar de los recursos y herramientas necesarias para la investigación efectiva de actos de corrupción a las autoridades responsables. Creación de una plataforma digital que centralice información de cualquier órgano de gobierno necesaria para la investigación
8. Sanciones severas para servidores públicos que cometan actos de corrupción y una lista negra de consulta obligatoria.
9. Mayor coordinación entre las autoridades responsables de investigar y sancionar actos de corrupción. Aprovechando la experiencia de más de 90 autoridades fiscalizadoras e investigadoras a nivel nacional.
“La mejor manera de manifestar nuestra rabia y enojo, nuestra indignación por la corrupción que corroe toda la vida del país es esta” comentó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.
Fuente: Forbes
