Lourdes Inzunza armó su ponencia para un foro sobre municipios promotores de la igualdad de género, a mediados de octubre pasado en Hermosillo, con un dato que le resultó alarmante: en menos de cinco años, Baja California se colocó como la segunda entidad con mayor registro de homicidios de mujeres, con 10.11 casos por cada 100 mil habitantes.
Dos de los cinco municipios que comprende el estado, Tijuana y Tecate, desorbitaron la estadística: en el primero de ellos, la tasa de asesinatos en 2005 fue de 2.2, pero en 2009 subió a 14.5. Tecate, que se considera una ciudad conurbada, fue de 2.4 a 16.5 durante el mismo periodo.
“Nuestra mayor preocupación es hacer notar que no todos los homicidios están relacionados con el narcotráfico”, dice Inzunza, quien dirige el Instituto Municipal de la Mujer en Tijuana. “Y, de hecho, hay cifras negras que ocultan el verdadero porcentaje de víctimas de la violencia”.
El promedio estatal de asesinatos cometidos contra mujeres se incrementó 75% en cuatro años. Pero, de acuerdo con los datos del Inmujer, Baja California registra también aumentos significativos en casos de violencia física, verbal y económica. Inzunza cree que ese repunte extraordinario obedece a una creciente cultura de denuncia entre las mismas víctimas, pero investigaciones recientes sugieren que ello podría estar ligado más que nada a factores como la crisis financiera, la migración y la violencia social extendida los años recientes.
En 2010, un grupo de investigadores de El Colegio de la Frontera Norte (Colef) elaboró un diagnóstico sobre la violencia en el área metropolitana de Tijuana, que incluye a los municipios de Tecate y Playas de Rosarito. Los trabajos, auspiciados por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), señalan que la pérdida de empleo, la inseguridad y una nueva composición del núcleo familiar presionan diversas formas de violencia en el interior de los hogares.
“La gente llega a sus casas cansada, enojada, y las cosas suelen resolverse no de una manera pacífica”, dice Silvia López, la investigadora de El Colef que coordinó el diagnóstico. “Existe además una hipótesis de que la violencia doméstica está relacionada con muchos homicidios de mujeres. Es todo un proceso que termina en la muerte de muchas”, añade.
En Tijuana, crecimiento exponencial
En 15 años, de 1990 a 2005, la zona metropolitana de Tijuana duplicó el número de viviendas, de 172 mil a 371 mil, de acuerdo con cifras del INEGI. Tal explosividad dejó sin escuelas, centros de salud e infraestructura urbana a miles de individuos. “Se crearon nichos de pobreza y distancia social, que hoy derivan en altas dosis de tensión, conflicto y violencia intrafamiliar. Y en ella suelen ser más vulnerables mujeres, niños y adultos mayores”, explica López.
La composición familiar ha variado también en una década. Actualmente, casi la tercera parte de los hogares en esa región están capitaneados por mujeres. El dato es relevante porque, según el diagnóstico de los investigadores de El Colef, la mayor incidencia de agresión a las mujeres ocurre en casas donde el jefe de familia es varón.
El trazo violento que dibujan las estadísticas de 2009 comenzó mucho antes. Desde 2006, la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) reveló que 47.2% de las mujeres en Baja California sufrían algún tipo de violencia. En 84% de los casos era emocional, en 62% económica y 16% física. El contexto social fue considerado por Silvia López para establecer un marco que le parece insoslayable: el impacto de la violencia impuesta por el crimen organizado y la estrategia federal para desarticularlo.
Para ello, la investigadora tomó parte del testimonio de una funcionaria del sistema DIF local, encargada de atender casos de mujeres violentadas:
“En aquel momento (2005), Atención a Víctimas tenía un papel muy específico: atender a víctimas de delitos sexuales (…) Sin embargo, la atención era para víctimas en general y me tocó participar en operativos de situaciones que en aquel momento se le comenzaron a llamar de ‘alto impacto’. Muertes violentas, balaceras, conatos de rencillas dramáticas donde se veía que la mamá golpeaba a los hijos o el marido a la señora, y la intervención no era nada más por la golpiza, sino que, si la mataba, había que intervenir a la familia”.
La histeria de las calles se metió a las casas y volvió más salvaje y brutal la agresión. Es lo que propone el marco referencial del diagnóstico. La conclusión de López en esa investigación es contundente: “Existe una relación entre las muertes violentas de mujeres y la violencia doméstica”.
Baja California entraña complejidades que de ninguna manera son exclusivas. La misma tendencia creciente en el registro de violencia contra la mujer puede verse en casi todas las entidades. Sin embargo, dice Francisco Gutiérrez Ramírez, director del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica de la Universidad de Guadalajara (U de G), el fenómeno se mantiene hasta cierto punto invisible.
Uno de los factores, lo dicen Gutiérrez y otros expertos, es la cifra abrumadora de asesinatos cometidos en el marco de la “guerra” contra el narco.
En 2009, según datos de las procuradurías estatales, se registraron 3 mil homicidios de mujeres y 22 mil de hombres. La tasa fue de 5.3 y 41.7 decesos por cada 100 mil habitantes, respectivamente.
Aumento en los suicidios
Pero, en términos globales, los homicidios crecieron de 2.4 a 3.5 por cada 100 mil mujeres entre 2005 y 2009, según el INEGI. La misma tendencia registró el suicidio, sobre todo entre las más jóvenes, que fue de 1.8 a 2.2 por cada 100 mil. El suicidio, dice el académico de la U de G, es una de las manifestaciones más preocupantes, debido al factor depresivo que existe detrás.
“Jalisco ocupa el quinto lugar nacional en suicidios, y durante décadas el suicidio ocurría entre personas mayores de 30 años y ahora el 52% de los jóvenes, de los casi 400 suicidios que se registran al año el Jalisco, tienen entre 15 y 24 años de edad. Lo que refleja el suicidio no sólo es depresión, sino también la violencia ejercida contra otros y contra sí mismos”, explica.
Si bien Baja California y Chihuahua encabezan la lista de entidades con mayor cantidad de homicidios contra la mujer, Jalisco lo hace en el rubro de violencia sexual, emocional y económica, de acuerdo con la Endireh. Ocho de cada 10 mujeres mayores de 15 años han padecido alguna de estas variables de agresión.
La radiografía es la misma desde hace cinco años y eso influyó para la constitución de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, según Gutiérrez. “Pero lamentablemente la aparición de esta ley no ha influido en bajar la incidencia de los casos de mujeres violentadas”, aclara.
La ineficacia de legislaciones como esa, agrega, radica en lo cotidiano que se ha vuelto la violencia, y explica: “Es importante señalar que este incremento obedece a toda una serie de factores de riesgo asociados a la violencia social. La violencia social en nuestro contexto tiene diferentes factores de riesgo, como el consumo cada vez más temprano de alcohol y droga, la disfunción familiar, la naturalización de la violencia a través de diferentes canales comunicantes como la televisión, los cómics, las películas o materiales que puedan circular por las redes automatizadas, y provocan que el individuo no pueda sensibilizarse de las consecuencias de ejercer esta violencia en contra de la mujer.
“Dicho fenómeno genera un efecto en cascada, porque muchas veces el varón violenta a la mujer, la mujer puede violentar a los hijos y los hijos pueden violentar a los compañeros dentro de los centros escolares”.
El problema más grave es que, lejos de cambiar, los agresores creen estar en su derecho de reprimir y castigar a sus parejas, dice Edith Zúñiga Vega, fundadora de Tech Palewi, una organización que desde 1998 atiende a mujeres que son víctimas de violencia en la ciudad de México.
“He trabajado en tratamiento de hombres violentos, como parte de la ayuda que brindamos a las mujeres, y ellos están convencidos de que su pareja es la que los provoca. Ella tiene la culpa de sus reacciones. Así lo sienten”, comenta.
También en el DF se incrementa
De acuerdo con el Instituto de las Mujeres del DF (Inmujeres DF), el número de casos registró un aumento en los años recientes.
“Lo que explica tal acción es el sexismo hacia las mujeres, en lo individual o colectivo. Dicho odio genera hostilidad, discriminación, violencia y crímenes contra ellas”, dice Martha Lucía Mícher, directora de ese organismo. “Hay otras agresiones que no resaltan en las autopsias, pero que han estado presentes en el continuo de violencia de la niña o mujer asesinada: los insultos, la intimidación, el acoso sexual y el abuso infantil”, añade, citando a Julia Monárrez, la más reconocida investigadora sobre el tema dentro de El Colef, en Ciudad Juárez.
Justo en esa ciudad fronteriza se mantiene el mayor registro de feminicidios: 609 de enero de 2009 a agosto de 2011.
El 4 de octubre, la Comisión de Género exhortó al Congreso de Baja California a reformar el Código Penal del estado. La ley, tal como está, dijeron los legisladores, es discriminatoria contra las mujeres. Entre otros factores, porque considera y penaliza con la mitad de los años el homicidio de mujeres por infidelidad (de tres a ocho años), y exige comprobar “castidad y honradez” a las menores de 18 años que hayan sido víctimas de estupro.
El punto de acuerdo de los legisladores de dicha comisión es un esfuerzo que no necesariamente impacta la realidad. En los hechos, Baja California resume la escasa representatividad de la mujer no sólo en los congresos locales o el mismo Congreso de la Unión, sino en posiciones clave de gobierno, lo que denota otra forma de discriminación, al mismo tiempo que un contexto de dificultad mayor para avanzar en agendas y programas mucho más equitativos, dice Lourdes Inzunza, la directora de Inmujer en Tijuana, donde ella es una de apenas cinco funcionarias estatales de primer nivel.
Al igual que en los casos de violencia, Baja California sintetiza la realidad que se presenta en el país entero en otro rubro: el de la escasa representatividad de la mujer en puestos de poder.
Desde 1976 sólo 17 mujeres recibieron nombramiento como secretarias de Estado o, en su caso, ostentaron la jefatura de la Oficina Presidencial, lo que equivale a 7.5% del total de las designaciones de gabinete. En 30 años, también, sólo cinco mujeres ocuparon la gubernatura de un estado: Colima, Tlaxcala, Yucatán —en dos ocasiones— y Zacatecas. Hasta 2009, la Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal reveló que 129 municipios, de los 2 mil 440 existentes, eran gobernados por mujeres.
“Todo forma parte del contexto en el cual hay que ubicar los esfuerzos institucionales y de la sociedad civil por erradicar la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres”, insiste Inzunza.
Fuente: Eluniersal.com.mx
Por: Ignacio Alvarado.
Publicada: 25 de noviembre de 2011.
