Organizaciones civiles acusaron que la nueva Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad contiene errores de definición, es limitada, asistencialista y continúa sin reconocer los derechos de las personas con capacidades especiales.
Afuera de la nueva sede del Senado de la República, representantes de asociaciones de discapacitados demandaron a los legisladores revisar el dictamen, que actualmente se encuentra en comisiones luego de que fuera aprobado en diciembre pasado por la Cámara de Diputados.
Javier Quijano, presidente de la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (CONFE), sostuvo que la legislación tiene definiciones que no son acordes a la Convención de la ONU, como el término de integración y no inclusión, con lo que se daría paso a que el ciudadano no sea incluido a la sociedad, sino sólo tomado en cuenta.
«Consideramos que la nueva ley debería establecer derechos y obligaciones claras, así como sanciones para las autoridades y los particulares que transgredan los derechos de las personas con discapacidad», agregó.
Quijano indicó que uno de los cambios importantes que presenta la legislación, es la reforma al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadis), mediante la creación de un nuevo Consejo descentralizado de la Secretaría de Salud.
Para José Luis Galeana, de la fundación Paso a Paso, existen muchas lagunas en la ley, entre ellas el que a este nuevo comité no se le otorguen facultades suficientes para investigar y en su caso, sancionar o emitir recomendaciones respecto a la violación a los derechos de personas con discapacidad.
Ángel Valencia, representante en México de Disability Rights International, dijo que es preocupante el que se fomente la creación de centros asistenciales, temporales o permanentes para atender a quienes padecen discapacidad mental e intelectual.
«(Esto) nos permite observar una alta posibilidad de reproducir la segregación de la sociedad de las personas con discapacidad mental e intelectual debido a la carencia de servicios comunitarios», subrayó.
Fuente: Reforma, opinión, p. 11.
Reportero: Susana Moraga.
Publicada: 16 de febrero de 2011.
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