Organizaciones de la sociedad civil se muestran preocupadas por la política migratoria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto luego de que el pasado martes 28 de enero, el Instituto Nacional de Migración (INM) informara dela suspención temporal del ingreso de organizaciones de la sociedad civil y asociaciones religiosas a las estaciones migratorias, para observar las condiciones de quienes ahí se encuentran, tras cruzar la frontera mexicana.
La principal preocupación es, desde luego, el respeto a los derechos humanos.
“Ni la administración más violenta que hemos tenido, la de Felipe Calderón, se atrevió a impedir el acceso de las organizaciones a las estaciones migratorias”.
Rita Robles, representante del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.
El gobierno mexicano explicó que la medida se ha tomado para garantizar la operatividad de los centros.
Debido a la contingencia, resulta necesario que el personal migratorio enfoque todos sus esfuerzos en atender a la población migrante, respetando en todo momento sus derechos humanos”, se lee en un documento firmado por Antonio Molina Díaz, director general de Verificación Migratoria.
Detalló que la suspención estará vigente hasta nuevo aviso.
Representantes de organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos de los migrantes comparecieron para denunciar el veto del INM y cuestionar la política migratoria mexicana.
El sistema de Naciones Unidas en México reaccionó ante la posibilidad de que el INM suspenda el acceso, al ser este un trabajo fundamental para garantizar los derechos de migrantes y refugiados.
Por su parte, la secretaría de gobernación aseguró no tener conocimiento del oficio:
Un total de diez asociaciones se vieron afectadas por el veto temporal que, de acuerdo con las oficinas migratorias terminará el sábado 1 de febrero.
De acuerdo con los datos ofrecidos por el INM, cientos de personas fueron deportadas en el período en el que los activistas no pudieron acceder a las estaciones migratorias.
Activistas de de Amnistía Internacional, Casa Monarca Ayuda al Migrante, Misión Escalabrinianas, Alianza Américas, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Instituto Mujer y Migración, Centro de Derechos Humanos Fray Matías, Grupo contra la Detención y la Tortura, Asylum Access, Sin Fronteras y Red TDT comparecieron en representación de otras 200 asociaciones para denunciar las últimas decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de restringir el acceso a las ONG a los centros de detención.
Entre las exigencias de las organizaciones: que “acepte y otorgue facilidades” para una visita de Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las fronteras norte y sur para verificar el trato a los migrantes; “abstenerse de criminalizar a las organizaciones”, reactivar el ingreso de organizaciones a estaciones migratorias sin restricciones, eliminar obstáculos que se han generado para renovar permisos de entrada y “aceptar oficialmente el carácter” de centro de detención para las estaciones migratorias.
El trabajo de la sociedad civil en beneficio de migrantes y refugiados es fundamental para garantizar los derechos, ofrecer asistencia y orientación a la población dentro de Estaciones Migratorias.
