Por Leopoldo Lara
Finalmente se aprobó la reforma constitucional en materia de transparencia y rendición de cuentas.
El camino no fue sencillo, más bien largo y angustiante. No tanto por lo que representa por sí misma modificar la Constitución del país, más bien por las posiciones contradictorias que presentaron a la “hora buena” muchos de sus postulantes: los Diputados y quienes los manipulan.
Cuando la reforma fue aprobada en la cámara originaria, la de Senadores, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas más prestigiadas en nuestro país y en el extranjero “celebraron” su contenido ya que posicionaba a México “por fin”, en un esquema de “máxima publicidad” de todas sus actividades públicas; no sólo las llevadas a cabo por funcionarios de los tres poderes sino que también consideraba como obligados a rendir cuentas a los “partidos políticos, sindicatos, fondos y fideicomisos públicos, así como cualquier persona física y moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad”. Con ello se cerraba la puerta a los resquicios que durante las últimas décadas han permitido burlar la rendición de cuentas en nuestro país como un “secreto a voces” que lastima profundamente nuestra endeble democracia.
Pero vino la de malas. La propuesta fue turnada a la Cámara de Diputados como cámara revisora y en donde debía aprobarse en definitiva. Ahí la esperaba un intento de “albazo”.
Así como los maestros de la CNTE se opusieron y se oponen fieramente a una reforma educativa que los obligue a ser evaluados para conservar su empleo, así los diputados del PRI se opusieron a este dictamen original que obliga a rendir cuentas a todos los que ejerzan fondos públicos.
Los motivos no se conocen, pero casi saltan a la vista: la opacidad permite corrupción y esa corrupción representa todavía para gran cantidad de sedicentes políticos la única manera de sacar adelante sus postulados y proyectos.
Para frenar el dictamen, los paradójicamente llamados representantes populares, propusieron y aprobaron en sus comisiones una contrarreforma “regresiva” en la que pretendían integrar excepciones a la entrega de información por parte de los servidores públicos, cuando, según su dicho: se “atentara (sic) contra la estabilidad económica, la seguridad nacional y los derechos humanos”, sacando de la obligación de informar a los sindicatos y partidos políticos. ¡Qué cosa!
O sea, volver a donde mismo o más atrás, pero ahora legitimados por una reforma constitucional de chocolate.
Todo eso en el vaivén mediático y preocupante de la reforma educativa, con tomas del Congreso y sedes alternas, como esperando que ante la tempestad de los otros temas, el de la transparencia fuera tomado por los ciudadanos como un mal menor para nuestras abultadas penas cuando se trata de lidiar, no sólo con gobernantes ineficaces, sino también con nuestros propios representantes.
Además, gran parte de las discusiones en comisiones y en el propio pleno por parte de los diputados se hicieron, paradójicamente, sin transmisión en el Canal del Congreso y sin publicar el dictamen que se discutía ¡sólo en México!
A pesar de todo ello, ocurrió lo que por fortuna ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, la sociedad civil organizada a través del colectivo #transparenciaYA encabezado por la Red de Rendición de Cuentas, Fundar, Curul 501 e Impacto Legislativo, entre otras Organizaciones de la Sociedad Civil cobró forma de cardumen sincronizado y “puso contra las cuerdas” a los tiburones del Congreso, logrando que recularan y que aprobaran una reforma que permitirá un avance significativo en estas materias.
Pero eso sí, para la reforma energética todos se ponen muy serios cuando se trata de defender la propuesta del Presidente Peña e incluso se atreven a utilizar argumentos basados en que si se aprueba tal cual como está planteada por el Ejecutivo, habrá más transparencia en la utilización de los recursos.
¿Pensarán que tras doce años esto puede seguir igual que antes?
La organización ciudadana va logrando avanzar en el equilibrio de poder entre la autoridad y los gobernados, el cambio no es imperceptible ni sutil, cada día logra nuevas posiciones y la sociedad se vuelve más abierta, crítica y responsable.
Intentar retroceder desde la legislación, como ahora, es una propuesta fallida que no encontrará sustento para construirse de nuevo, porque ahí estaremos de nuevo los ciudadanos, exigiendo como individuos es cierto, pero integrando colectivos de conciencia que nos permiten dar la cara como uno solo con la fuerza y la experiencia de un cardumen.
José Leopoldo Lara Puente
Candidato a Doctor por la Universidad Complutense de Madrid, España, Leopoldo Lara Puente es un Notario Público tamaulipeco que se ha distinguido por ser promotor del capital social y del ejercicio de los ciudadanos en las acciones públicas. Fundador de diversas organizaciones de la sociedad civil y empresariales, actualmente es editorialista de un periódico de su localidad, desde donde nos comparte sus propuestas y experiencia ciudadana.
