El delegado en Hidalgo de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Martín Bermúdez, se deslindó de la aprobación de permisos para la operación de la empresa Trituradora y Procesadora de Materiales, Santa Anita, S.A de C.V, al asegurar que desde oficinas centrales, la cementera tuvo luz verde para ser construida e iniciar sus operaciones.
El funcionario sostuvo que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) la instancia encargada de vigilar que Santa Anita, cumpla con la normatividad vigente y con las acciones de remediación o mitigación de las afectaciones de fauna y flora en la zona de El Palmar, en el Valle del Mezquital.
Bermúdez rechazó hablar sobre cuánto material radioactivo almacenará esa empresa que mantiene el rechazo de los indígenas de la zona, al advertir que es información confidencial o reservada y la ley ampara en este sentido a Santa Anita.
«Santa Anita sí cuenta con la autorización de la Semarnat, todo está en regla, todo es conforme a la ley y si hay observaciones o molestia de la gente se debe dar parte a Profepa, porque es la instancia que realiza las inspecciones y el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente», afirmó.
«La empresa ha actuado conforme a derecho y aquí en la Semarnat las cosas son transparentes» abundó.
Bermúdez presumió que los técnicos y funcionarios de la Semarnat son personas honestas y comprometidas con el cuidado del medio ambiente, más cuando son evidentes los efectos del cambio climático y sus consecuencias.
«En la Semarnat hay personal honesto y altamente calificado y por eso se debe tener la seguridad de que si se extendió la autorización es porque esa empresa no contraviene las leyes ambientales», acotó.
Martín Bermúdez descartó que el conflicto social que se ha generado por el rechazo de Santa Anita en el municipio de Santiago de Anaya, vaya convertirse en un «foco rojo».
Negó que este caso se equipare con los problemas que vivió en su momento la empresa española Befesa, la cual construyó un confinamiento de desechos químicos y peligrosos en Zimapán y hoy México, enfrenta un litigio internacional de miles de dólares que tendría que pagar en caso de que pierda el juicio en una corte internacional por el daño que se le genera a esa inversión extranjera.
Actualmente hay 200 empresas asentadas en Hidalgo de orden federal y cuyos permisos han sido extendidos por la delegación de la Semarnat, Hidalgo, Santa Anita, buscó la autorización federal, pero estará observada por las autoridades estatales para el cumplimiento de las leyes ambientales.
Fuente: TerraTV
Por: Verónica Jiménez
