Tras más de un año de laboriosa elaboración, el Boletín Oficial del Estado del 5 de marzo de 2011 publicó la Ley de Economía Sostenible. Una normativa que, entre otros aspectos, buscaba la promoción de la responsabilidad social corporativa tanto entre el sector público como en el privado y un cambio en el modelo productivo español, así como el fomento de la transparencia. Dos años después cunde el desánimo entre los diversos actores sociales que actúan en esta materia, que lamentan la falta de desarrollo de dicha norma en aspectos clave para la promoción de la RSC en España.
Con la nueva normativa se identificaban retos y problemas, pero también se ponían las bases para su resolución. Así, respecto a los mercados financieros se revisaban distintas disposiciones con el fin de reforzar la trasparencia y el gobierno corporativo, como por ejemplo en lo relativo a la retribuciones de los consejeros y la alta dirección, o el reforzamiento de las facultades de supervisión e inspección de la CNMV.
También se buscaba crear las bases para impulsar un nuevo modelo económico sostenible y la promoción de políticas y estrategias de responsabilidad social con el requerimiento de que las empresas de más de 1.000 trabajadores remitiesen su informe de sostenibilidad al Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas, y la creación de un sistema de autoevaluación en esta materia.
Sin embargo, el desarrollo normativo de esta ley, que estaría encaminado al deseado cambio de modelo, apenas ha avanzado. Para Ramón Jáuregui, diputado del Partido Socialista en el Congreso, «se ha desperdiciado una oportunidad para combatir la crisis desde una óptica de competitividad responsable. El Consejo Económico y Social languidece, el diálogo social está muerto, el desarrollo de la ley brilla por su ausencia, y las medidas de fomento de la responsabilidad social, incluso las más esenciales, han desaparecido del debate público».
En términos similares se ha pronunciado Carles Campuzano, diputado de Convergència i Unió, para quien la ley en materia de responsabilidad social corporativa esta «prácticamente inédita, y se ha perdido una oportunidad en unos momentos en los que se están llevando a cabo importantes avances en Europa».
Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de RSC, y Germán Granda, director de Forética, coinciden en que la falta del desarrollo normativo en lo referente a la promoción de la responsabilidad social está generando «inseguridad jurídica, con dudas tanto desde la sociedad civil como desde el ámbito de las empresas, en tanto que no hay ningún esquema establecido».
Esta «inseguridad» se deriva de la falta de desarrollo de procedimientos que tendrían que cumplir las empresas de más de 1.000 empleados a la hora de presentar su memoria de sostenibilidad, o bien de conocer los cauces para obtener el sello de empresa comprometida con la RSC que se cita en la norma.
En un momento en el que se habla de transparencia, resulta interesante ver que en la Ley de la Economía Sostenible se mencionaba dicha palabra hasta en 44 ocasiones, y «eficiencia» 84 veces a lo largo de las 203 páginas de las que consta. En este sentido, Vázquez remarca la importancia del fomento de la transparencia como una de las palancas de cambio para salir de la crisis y ganar en competitividad.
Así, José Carlos González, responsable del Comfia-CCOO y vocal en el Cerse, afirma que la transparencia es algo fundamental para la responsabilidad social, puesto que «vivimos en una economía basada en el uso intensivo de la información privilegiada», y entiende que la Administración Pública y sus empresas también deben informar de acuerdo a indicadores y máximos niveles de transparencia.
En cuanto a los aspectos que necesitan apoyo y promoción, los entrevistados coinciden en que son la inversión socialmente responsable, el desarrollo de las cláusulas socialmente responsables y la regulación de la información no financiera.
Fuente: ServiMedia
