La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que 21 activistas defensores del medio ambiente pidieron la protección del gobierno federal, en virtud de haber recibido alguna amenaza e incluso haber sido víctimas de algún ataque físico.
A través del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 21 mujeres y hombres activistas en pro del medio ambiente cuentan con el resguardo federal, revela el oficio UDDH/911/1961/2015 de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob.
Detalla que esas 21 personas —de quien no se reveló su identidad— estaban involucradas en la defensa del medio ambiente (14) o formaban parte de un megaproyecto de defensa de las áreas naturales (siete).
De acuerdo con el reporte, 16 de los 21 solicitantes de protección federal recibieron algún tipo de amenaza y cinco fueron objeto de agresiones físicas y lesiones.
Cabe destacar que para solicitar ser parte del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, los afectados tienen que indicar el tipo de persona agredida, tipo de agresor, estado y municipio donde ocurrió la afectación.
“Algunos de los beneficios del Mecanismo de Protección cuentan con medidas cautelares otorgadas por instancias internacionales y nacionales, por haber sido objeto de amenazas y hostigamiento como respuesta a su reclamo de justicia o por señalamientos que realizaron en el ejercicio de su profesión”, precisa el documento de la Segob.
Durante el 2014, alrededor de 279 defensores de derechos humanos y periodistas presentaron solicitud ante la unidad, a fin de que se les proporcionaran los servicios. Actualmente, la Segob realiza una evaluación de riesgo para ese número de personas que presentaron la solicitud, para, en su caso, determinar la ayuda correspondiente.
Los servicios que se pueden ofrecen son contratación de servicios de vigilancia perimetral; escoltas y acompañamiento; hospedaje; alimentación; asesorías psicológicas y jurídicas; transportación (terrestre, aérea, marítima); mudanza o almacenamiento de bienes muebles en caso de evacuación forzada, así como atención médica y psicológica de urgencia.
El 14 de abril pasado, las defensoras de las organizaciones Bios Iguana y del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, ubicadas en el estado de Colima, recibieron un mensaje intimidatorio, por lo que pidieron garantías para realizar su trabajo a favor del medio ambiente y de los pueblos indígenas.
Fuente: El Economista