Cinco semanas han pasado desde el derrame de sustancias tóxicas en ríos de Sonora, responsabilidad de la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México.
El episodio fue sumando desde el inicio una serie de elementos que lo llevaron a ser considerado ya “el peor desastre ambiental ocasionado por la industria minera en México”, a decir del secretario federal de Medio Ambiente.
Incluso se ha perfilado una revisión de la Ley de Responsabilidad Ambiental, pues con base en lo que establece se le fijó una multa de 40 millones de pesos a Grupo México, equivalente apenas a 1.33% de lo que han significado los daños ocasionados, según ha acusado el diputado Ricardo Monreal.
Este jueves, la Comisión Especial de diputados que da seguimiento al caso llevó ante la Junta de Coordinación Política la propuesta de una solicitud formal a la Secretaría de Economía para que cancele la concesión otorgada a Grupo México a través de su subsidiaria ubicada en Cananea, y el próximo miércoles 17 de septiembre la presenta ante el Pleno.
Pasado un primer momento de todo este caos, en que se culpó y acusó a la minera sin que ésta respondiera de manera adecuada ni inmediata y que terminó con la información de la multa aplicable a la empresa y la reparación de daños, se ha generado una segunda etapa que apela a incrementar las sanciones y atribuir mayores responsabilidades a Grupo México.
Las voces en todos los ámbitos parecen ya haber cerrado filas contra la minera e, incluso, algunos representantes empresariales que semanas antes abogaron por Grupo México hoy ya no se escuchan.
Más aún, otras empresas aprovechan el momento para informar de acciones que realizan en favor de los afectados por la crisis ambiental en Sonora. Un caso es Fundación Walmart, que comunicó la entrega de más de 6,500 litros de agua, donados por clientes, para los “afectados por el derrame químico en los ríos Sonora y Bacanuchi”.
Quizá la excepción que hace la regla sea el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, quien expulsó a delegados del gobierno federal del comité que da atención al derrame, al considerarlos interlocutores no válidos. Sin embargo, esto se dio luego de que los funcionarios federales acusaron a Padrés de tener una presa en el rancho de su familia, por lo que su respuesta se entiende más como reacción a ese señalamiento que como defensa a la minera.
¿Y Grupo México?
El consorcio minero, tras todos los señalamientos y acusaciones por su responsabilidad, se ha visto en la necesidad de reunirse con afectados y autoridades locales para hacer frente a la crisis, aunque la ausencia de directivos de alto mando continúa siendo la crítica constante.
Xavier García Quevedo, presidente de Grupo México, y no se diga Germán Larrea, propietario del consorcio minero, brillan por su ausencia.
En los últimos días, a la información sobre la crisis que cuelga en su página de internet, la minera sumó comunicaciones enviadas a través de Central de Estrategias Políticas (Cepol), división de la agencia Zimat Consultores, encaminadas a “desmitificar” lo ocasionado por el derrame en Sonora.
En esos reportes se lee que la empresa ha apoyado el programa de empleo temporal, del gobierno estatal, para la integración de cuadrillas que suman 1,200 personas y que habían limpiado, al 7 de septiembre, un total de 92 kilómetros de río de los 250 afectados por el derrame.
La empresa niega que haya un solo caso de intoxicación o de afectación a la salud por el accidente e incluso señala que las sustancias no ponen en riesgo la ganadería ni agricultura de la región.
Reporta haber entregado (del 8 de agosto al 7 de septiembre) 45 millones de litros de agua para la comunidad afectada e instalado cinco plantas potabilizadoras, en Huépac, Ures, Baviácora, Aconchi y Banámichi.
A través de Cepol se buscó abundar con Grupo México sobre los apoyos entregados a la comunidad y los compromisos establecidos con los afectados, sin obtener respuesta favorable hasta la publicación de esta nota.
La empresa ha aceptado cubrir los daños ocurridos por el derrame, como lo estableció el gobierno federal días atrás, e informó a la Bolsa Mexicana de Valores que tiene un fondo de 300 millones de pesos para atender la contingencia. La tarde de este jueves, el gobierno federal informó la creación de un fideicomiso de 2,000 millones de pesos, financiado por Grupo México, para reparar los daños.
Luego de confirmar que ya interpuso una denuncia penal contra Grupo México y de realizar un par de clausuras temporales y parciales a Buenavista del Cobre, la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) anticipó que el próximo lunes podrían revelarse nuevas medidas contra la minera. ¿Será?
